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| viernes, 14 de agosto de 2026
La fiscal Analía Cepede, a cargo de la investigación por la red de abusos y grooming en Villa de María del Río Seco, brindó detalles estremecedores sobre el estado de las víctimas.
La profesional confirmó un dato que generó conmoción en toda la región. Tres niñas tenían colocado un chip anticonceptivo, según las declaraciones que brindó en una entrevista con Cadena 3.
El avance se produjo durante las evaluaciones médicas en el Polo de la Mujer. Según relató la funcionaria, las adolescentes de entre 13 y 14 años manifestaron tener el implante subdérmico desde hace al menos dos años. Esto implica que recibieron el método anticonceptivo cuando apenas tenían 11 años.
Este dato abrió una nueva y urgente línea de investigación sobre la actuación de las autoridades sanitarias locales. La fiscal expresó su profunda preocupación ante el hecho de que menores de edad accedieran a este procedimiento sin el acompañamiento de un adulto responsable.
"Es algo que nos ha llamado poderosamente la atención", señaló Cepede. Según las fuentes, las niñas habrían concurrido solas al hospital local para solicitar el método. La Justicia busca determinar si existió una falla sistémica o complicidad institucional en la colocación de los dispositivos.
Para la investigadora, la naturalización del acceso a anticonceptivos en dispensarios no fue acompañada por educación sexual adecuada. “Que vaya un menor de esa edad sin explicar por qué se lo va a insertar nos genera un estado de duda”, enfatizó la fiscal.
La causa, que ya cuenta con nueve detenidos, describe un escenario de precariedad absoluta en el norte cordobés. De acuerdo con los testimonios compartidos por La Voz, las víctimas recibían pagos ínfimos, como gaseosas y sándwiches, a cambio de los abusos.
La fiscalía acreditó que los imputados aprovechaban el hambre y la falta de recursos de las adolescentes. El nivel de vulnerabilidad socioeconómica fue calificado como “totalmente extremo” por las autoridades judiciales intervinientes.
Entre los capturados se destaca la figura de José Aníbal Ricardo Villarreal, exasesor de la Legislatura de Córdoba. Según la fiscal, el hombre utilizaba predios privados para concretar los delitos, aunque sin autorización formal de los propietarios.
La mayoría de los sospechosos trabajaba en el transporte local de pasajeros. Se sospecha que utilizaban su oficio para “pasarse el dato” sobre las víctimas y coordinar los encuentros sexuales o la solicitud de material pornográfico.
Pese a la cantidad de involucrados, la causa permanece en el fuero provincial al no detectarse una estructura de proxenetismo con fines de lucro. “Es un pueblo chico, todo el mundo se conoce”, advirtió Cepede, quien no descarta nuevas detenciones en los próximos días.
Actualmente, las menores cuentan con asistencia del gabinete de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) y equipos psicopedagógicos municipales. La fiscal Cepede, conmovida por el caso, incluso ofreció su teléfono personal a las víctimas para garantizar su contención directa.
Redacción Vía Córdoba