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| jueves, 13 de agosto de 2026
La Justicia de Córdoba detuvo a José Aníbal Ricardo Villarreal, asesor de la Unicameral, en el marco de una investigación por presuntos delitos de grooming y abuso sexual agravado contra adolescentes de entre 13 y 14 años. El operativo, liderado por la fiscal Analía Cepede, destapó una trama de vulnerabilidad extrema en la localidad de Villa de María del Río Seco.
Villarreal es uno de los nueve detenidos en la causa que se inició con la desaparición de una menor localizada en Santiago del Estero junto a otra adolescente. Según fuentes judiciales, los acusados aprovechaban la situación de precariedad de las víctimas para someterlas mediante pagos que servían “apenas para comer”.
El detenido figuraba en la nómina oficial de mayo de 2026 como personal contratado, vinculado directamente al legislador departamental de Río Seco, Ernesto Ramón Flores. Según información publicada por La Voz, el asesor desempeñaba funciones de asistencia en el norte provincial.
Flores reconoció el vínculo laboral con Villarreal, aunque aclaró que el hombre pertenecía a la nómina del bloque de Hacemos Unidos por Córdoba y no a su equipo técnico personal. “Su función era territorial, sobre todo en las zonas grises”, afirmó el legislador.
El parlamentario oficialista aseguró que solicitó la baja inmediata del contrato el pasado 31 de julio, luego de confirmarse la captura. Además, Flores destacó que, al momento de su ingreso, el imputado había presentado certificados de antecedentes penales sin registros punibles previos.
La investigación determinó que la mayoría de los imputados trabajaban como remiseros o transportistas locales en un pueblo de apenas 7.000 habitantes. A través de este oficio, los hombres compartían información sobre el contacto con las menores para concretar abusos o solicitar material pornográfico.
La Fiscalía mantiene la causa en el fuero provincial al descartar, por ahora, una estructura de proxenetismo organizada con fines de lucro. Actualmente, los nueve sospechosos están alojados en el complejo penitenciario de Cruz del Eje mientras avanza la etapa de instrucción.
La detención de Villarreal provocó un movimiento político en la Unicameral, que ya enfrentó escándalos previos por contrataciones irregulares. El bloque de legisladores de la Unión Cívica Radical (UCR) presentó un pedido de informe para conocer los detalles del vínculo laboral del detenido.
El legislador opositor Miguel Nicolás solicitó que se informe la modalidad de designación, categoría y los controles de antecedentes realizados por el cuerpo legislativo. El planteo busca determinar si existieron fallas en los mecanismos de verificación de la efectiva prestación de tareas de los contratados.
Este episodio se suma a polémicas como el caso de la “empleada fantasma” y el femicidio de Agostina Vega, que involucró a un exbecario municipal. Estos antecedentes aumentan la presión para revisar los procedimientos de control de personal y garantizar la idoneidad de los servidores públicos.
Redacción Vía Córdoba