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| jueves, 10 de septiembre de 2026
La histórica firma avícola Granja Tres Arroyos solicitó formalmente este miércoles 9 de septiembre la apertura de su concurso preventivo de acreedores ante los tribunales correspondientes.
La medida judicial fue encauzada a través de la firma Wade, una de las sociedades operativas del grupo controlado por la familia De Grazia.
El objetivo central del procedimiento es reorganizar un pasivo acumulado que alcanza los 350,9 millones de dólares y evitar la quiebra del gigante avícola.
Esta presentación judicial formaliza el rotundo fracaso de las negociaciones privadas que la compañía mantuvo durante varios meses con sus acreedores.
Aquel esquema preliminar buscaba acordar quitas de capital de hasta el 75% y plazos de reprogramación a siete años, sumados a la venta de activos no estratégicos.
El severo deterioro operacional tiene un impacto directo en la provincia de Córdoba. En la provincia, la empresa paralizó por completo el funcionamiento de la planta Avex.
Ubicada en la ciudad de Río Cuarto, la suspensión de actividades en dicha instalación dejó en una profunda incertidumbre laboral a cerca de 350 operarios.
A comienzos de 2026, la firma había vendido el establecimiento riocuartense a la Asociación de Cooperativas Argentinas bajo la modalidad de leaseback para obtener liquidez.
Pese a continuar operando bajo un contrato de alquiler con opción de recompra, las dificultades operativas y la falta de capital impidieron sostener el ritmo productivo.
Desde el inicio de la espiral crítica a fines de 2024, el grupo avícola acumula aproximadamente 1.730 desvinculaciones en sus diversos complejos industriales del país.
Ante la gravedad del conflicto, la Federación de Trabajadores de la Alimentación y otros tres gremios del sector marcharon masivamente a la Secretaría de Trabajo nacional.
“Este problema es consecuencia de un modelo económico que desindustrializa y desconoce lo que le pasa a la clase trabajadora”, enfatizó el secretario general de FTIA, Héctor Morcillo.
El referente gremial advirtió además que, si el Ejecutivo nacional decide no tomar nota e intervenir activamente en la controversia, “el futuro es negro” para miles de familias.
En esa línea, las organizaciones sindicales exigieron la inmediata conformación de una mesa de diálogo que reúna al Estado, la empresa, gobernadores e intendentes.
La intención prioritaria del reclamo es frenar nuevos ceses, lograr la reincorporación de los despedidos y garantizar la reactivación de las plantas paradas.
Redacción Vía Córdoba