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| miércoles, 10 de junio de 2026
La Municipalidad de Córdoba atraviesa una crisis institucional histórica. El femicidio de Agostina Vega actuó como catalizador de una profunda reestructuración que ya se cobró la salida de 13 funcionarios jerárquicos y la detención de agentes municipales.
El intendente Daniel Passerini reconoció con dureza que "la municipalidad falló" en sus mecanismos de control. Ante esta situación, asumió la responsabilidad política y aceleró una limpieza administrativa que busca depurar el plantel estatal de elementos "deshonestos", según dijo a El Doce.
Entre las bajas más significativas se encuentran Iván Contreras, quien se desempeñaba como director general de Tránsito, y Eduardo Ramírez, exsecretario de Tránsito y Movilidad. Ambos fueron señalados por sus presuntos vínculos con el imputado Claudio Barrelier.
Passerini fue categórico al confirmar que sus renuncias fueron aceptadas de manera “indeclinable” y que su desvinculación es total por no pertenecer a la planta permanente. “Uno debe entrar al Estado para servir, no para servirse”, advirtió el intendente al explicar las desvinculaciones.
La onda expansiva alcanzó al Concejo Deliberante con la renuncia de Ricardo Moreno, el dirigente que admitió haber apadrinado el ingreso de Barrelier al municipio. Su banca fue ocupada por Raúl La Cava, uno de los secretarios más importantes de la gestión actual.
La limpieza también llegó al círculo familiar del exconcejal. A Puli Moreno, hija del dirigente, se le dio de baja su contrato que superaba el millón de pesos mensuales. Esta acción responde a la orden de auditar todas las áreas para detectar situaciones irregulares.
La purga municipal reveló nuevas irregularidades en otros sectores. Passerini confirmó la detención de dos empleados del CPC Jardín. Se los acusa de pedir coimas a un vecino para realizar trámites que no correspondían.
"Yo mismo promoví la denuncia; el director y subdirector del CPC acompañaron al vecino a atestiguar", detalló el dirigente. Además, se elevó un sumario para exonerar a un médico ginecólogo del dispensario de barrio Jardín de Pilar.
El profesional fue denunciado por presunto abuso sexual por una joven de 19 años durante una consulta. Según se informó, el médico había intentado resguardarse bajo una carpeta psiquiátrica antes de ser apartado de sus funciones por la actual gestión.
Para evitar nuevos casos como el de Barrelier, el Ejecutivo envió una ordenanza al Concejo. La norma establece que los certificados de antecedentes penales deberán presentarse cada seis meses y no cada cuatro años.
Asimismo, el narcotest será requisito obligatorio para todos los agentes municipales. Este control buscará detectar sustancias como marihuana o cocaína para garantizar la "idoneidad" de los servidores públicos.
"Tengo la responsabilidad de corregir las fallas del sistema", concluyó Passerini. Hasta el momento, el listado de desplazados incluye también a 119 empleados exonerados, de los cuales 91 pertenecen a gestiones anteriores entre 2003 y 2007.
Redacción Vía Córdoba