Un funcionario de Córdoba mató a una familia de lechuzas y deberá pagar una multa millonaria
El hombre fue señalado por vecinos del barrio cerrado Las Corzuelas por taponar un nido de lechuzas. Los detalles.
Redacción Vía CórdobaUn episodio ocurrido en un barrio cerrado de Unquillo terminó con un funcionario judicial obligado a afrontar una reparación económica y distintas medidas vinculadas con el cuidado del ambiente en Córdoba.
Un hombre enterró viva a una familia de lechuzas y hay indignación en un barrio de Córdoba
El protagonista es Lucio Agustín Sarnago, de 48 años, funcionario de la Asesoría Letrada Penal de 19° Turno del Centro Judicial Capital, quien fue señalado por vecinos de Las Corzuelas como responsable de haber taponado un nido de lechuzas. El hecho ocurrió el 29 de marzo y derivó tanto en actuaciones administrativas como en una investigación en el ámbito judicial.
Cuánto pagó el funcionario por el daño ambiental
En el Tribunal Administrativo de Faltas Ambientales de Córdoba se estableció una sanción económica de $3.523.641, de acuerdo con lo previsto por la Ley Provincial 11.027.
Según confirmó Diego Bregan, director de Sumarios de Recursos Hídricos y Naturales del tribunal, Sarnago presentó una propuesta de reparación integral ambiental equivalente al monto de la multa.
El funcionario accedió inicialmente a un beneficio del 50% de descuento y posteriormente acreditó el pago correspondiente para cancelar la obligación.
La causa también llegó a la Justicia penal
En paralelo al expediente administrativo, la investigación penal avanzó a partir de las actuaciones remitidas por la Fiscalía de Liliana Copello al Juzgado de Control 4, a cargo de Anahí Hanmpartzoumian.
Durante el proceso, la protectora de animales Esperanza San Roque fue admitida como parte querellante. La causa fue derivada además a la Oficina de Medidas Adecuadas (OMA), donde las partes buscarán alcanzar un acuerdo mediante un mecanismo de justicia restaurativa.
El abogado defensor de Sarnago, Miguel Ortiz Pellegrini, consideró que esta alternativa permite agilizar el proceso y alcanzar una solución aceptada por las partes.
Desde la protectora, su abogado Iván Mochkofsky sostuvo que el objetivo es conseguir una recomposición del daño y generar conciencia sobre las consecuencias de este tipo de hechos. La audiencia de conciliación fue fijada para octubre de 2026.
Capacitaciones y tareas comunitarias
La reparación no quedó limitada al pago de dinero. Como parte de las medidas acordadas, Sarnago realizó la capacitación obligatoria de la Ley Yolanda para funcionarios públicos.
También firmó una declaración jurada vinculada con su relación con la fauna silvestre y realizó tareas de voluntariado en el Parque de la Biodiversidad de Córdoba.
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Actualmente, además, cursa una capacitación en educación ambiental en la Universidad Libre del Ambiente. Una vez que Policía Ambiental y Fiscalización certifiquen el cumplimiento de todas las medidas, se prevé el archivo de las actuaciones administrativas. De esta manera, el funcionario tampoco quedaría incluido en el Registro de Infractores Ambientales.
