Enterró viva a una familia de lechuzas en Córdoba: cómo sigue el caso
El hecho ocurrió dentro de un barrio privado de Unquillo y fue denunciado por los propios vecinos.


Un caso de maltrato animal genera conmoción en el Gran Córdoba: la Justicia investiga a un vecino de un country en Unquillo acusado de provocar la muerte de una familia de lechuzas tras bloquear su nido con escombros. El hecho, ocurrido el pasado 29 de marzo, quedó registrado por cámaras de seguridad y derivó en causas penales y administrativas.

El episodio tuvo lugar en el barrio privado Las Corzuelas, donde, según las denuncias y las imágenes relevadas, el hombre habría tapado de manera intencional el nido de estas aves silvestres protegidas, ubicado en un cantero del boulevard central del predio. Como consecuencia, los ejemplares murieron, lo que generó una fuerte reacción entre vecinos y organizaciones ambientalistas.
La causa penal se encuentra en etapa de instrucción en la Fiscalía de Distrito 4, Turno 4, a cargo de la fiscal Liliana Copello, quien ordenó una serie de medidas para avanzar en la investigación y determinar la responsabilidad del acusado.
En paralelo, la administración del country ya sancionó al vecino con tres multas internas por violar el reglamento de convivencia, en línea con la gravedad del hecho.

El caso podría encuadrarse en la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna, que prohíbe el daño o la caza de animales silvestres, así como también en la Ley 14.346, conocida como Ley Sarmiento, que sanciona los actos de crueldad y maltrato animal.
Además, la organización proteccionista Esperanza San Roque se presentó como querellante para impulsar la causa y exigir una sanción ejemplar ante lo que consideran un hecho de extrema gravedad.
Por otra parte, la Policía Ambiental de Córdoba intervino tras recibir denuncias de vecinos y constató que el nido había sido completamente destruido, encontrando solo restos de escombros y tierra en el lugar.
Las actuaciones fueron elevadas al Tribunal Administrativo de Faltas Ambientales, donde el juez Jorge Folloni calificó el episodio como “aberrante” y confirmó la apertura de un sumario.

En caso de comprobarse el daño ambiental, el acusado podría enfrentar multas de hasta $5 millones, cifra que incluso podría duplicarse si se detectan antecedentes. A esto se suma la posible inclusión en el Registro de Infractores Ambientales, lo que le impediría gestionar licencias ambientales en el futuro.