Ciudad a ciudad, Argentina en red
| martes, 01 de septiembre de 2026
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) llevó a cabo una masiva asamblea de protesta frente a la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de Villa María, en el interior de Córdoba. La movilización gremial se dio en rechazo al llamado a concurso público internacional lanzado por el Gobierno nacional.
Para los trabajadores, se trata de un proceso de privatización de hecho de la histórica planta productiva. La manifestación reunió a operarios de la planta, referentes de la seccional de Villa María y miembros del Consejo Directivo Nacional del sindicato.
El conflicto se desató luego de que se conocieran los detalles administrativos del llamado oficial para conformar uniones transitorias. ATE cuestiona la entrega del control operativo de fabricaciones militares a firmas extranjeras o nacionales.
El foco de la disputa es el Concurso Público Nacional e Internacional número CPU-2026-SC-001, impulsado formalmente por el Ejecutivo nacional. La medida administrativa busca incorporar socios privados en el área de defensa.
Un informe técnico elaborado por los trabajadores reveló que el pliego establece las condiciones de transferencia de la gestión. El esquema cedería el manejo integral de la producción de pólvoras, explosivos, municiones y armamento.
La asamblea se realizó este martes 1 de septiembre por la mañana frente al portón principal de la planta cordobesa. Los representantes gremiales ratificaron allí el estado de alerta generalizado que viven los empleados y sus familias.
De acuerdo con lo expuesto por ATE, el pliego de la licitación prevé que el socio privado asuma al menos un 51% de participación. Al no fijarse un límite máximo, el capital privado podría absorber la casi totalidad de la unidad.
Esta condición mayoritaria permitirá a los nuevos administradores designar a los miembros del Comité Ejecutivo. También tendrán la facultad de nombrar a la presidencia y ejercer la representación legal de la fábrica.
La cesión de las operaciones comerciales y de fabricación de la planta de Villa María se extenderá por un período de entre 10 y 35 años. Sin embargo, el costo de la plantilla de personal continuaría a cargo del erario público.
“Los operarios permanecerán en la plantilla estatal con sueldos e indemnizaciones pagadas por el Estado”, advirtieron desde el gremio, en diálogo con Villa María Vivo. En tanto, las tareas, turnos y horarios de trabajo quedarán bajo la gerencia del socio privado.
La tensión laboral coincide con un fuerte retroceso en las condiciones salariales de la sede provincial. ATE estima que los trabajadores de la planta sufrieron una pérdida del poder adquisitivo cercana al 30% desde el año 2023.
Además, los representantes denunciaron que recientemente se dio de baja el servicio de transporte de personal en Villa María y en la planta de Fanazul. Este beneficio trasladaba diariamente a cientos de operarios.
La incertidumbre crece debido a la parálisis de la planta de Azul y al cierre definitivo de la sede de Jáchal. También se advirtió sobre planes de retiros voluntarios y jubilaciones sin reposición de cargos.
La protesta gremial concluyó con la exigencia de abrir canales de diálogo urgentes con las autoridades nacionales. Los trabajadores demandan precisiones sobre el futuro laboral y el destino de la producción de defensa en Córdoba.
Redacción Vía Córdoba