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| domingo, 31 de mayo de 2026
La localidad de Toledo, en el departamento Santa María, provincia de Córdoba atraviesa una profunda crisis institucional por la aprobación de una ordenanza sobre las dietas municipales. El conflicto estalló cuando el intendente Sergio Marín denunció que los concejales pretendían cobrar más de 12 millones de pesos mensuales cada uno.
Inmediatamente, desde el Concejo Deliberante cruzaron al mandatario radical, calificando sus declaraciones como una "mentira" y una "maniobra de distracción". Los ediles sostienen que el texto legislativo fue malinterpretado de forma malintencionada por el Ejecutivo municipal.
La controversia surge del cálculo establecido en la nueva norma: el 2% del presupuesto general de gastos, que para 2026 se estima en 7.400 millones de pesos. Según el intendente de Toledo, la redacción actual otorga esa cifra de manera individual a cada integrante del cuerpo legislativo.
"Si insisten, vamos a ir a la Justicia", advirtió Marín en diálogo con La Voz, confirmando además que avanzará con el veto de la norma. El jefe comunal cuestionó la rapidez con la que se aprobó la iniciativa, calificándola de "sorpresiva" y sin tratamiento previo.
Por su parte, la presidenta del Concejo Deliberante, Ivana Toledo, desmintió el aumento en una entrevista con El Doce y Radio Mitre Córdoba. La funcionaria aclaró que los 12 millones de pesos representan el "monto global" mensual para todo el cuerpo.
"Ese es el monto para dividirlo en 10 personas; siete concejales y tres miembros del Tribunal de Cuentas", explicó Toledo. Según sus cálculos, la dieta real quedaría en 1,2 millones de pesos brutos, reduciéndose a unos 850.000 pesos tras los descuentos.
Los concejales de Vecinos Unidos y La Libertad Avanza aseguraron que el intendente busca "generar un caos" para tapar otros problemas de gestión. "Fue una trampa para difamarnos; el diálogo siempre estuvo dispuesto para corregir la redacción", señaló la presidenta del cuerpo.
Además, desde el legislativo vincularon este ataque con la negativa a aprobar un préstamo para obras de gas. Según los ediles, el proyecto del Ejecutivo presentaba una diferencia de 150 millones de pesos entre el costo de la obra y el monto del crédito solicitado.
Actualmente, los concejales analizan iniciar acciones legales contra el intendente Marín por calumnias e injurias. Mientras tanto, adelantaron que perfeccionarán el artículo de la ordenanza para evitar "malinterpretaciones" sobre los montos finales a percibir.
Redacción Vía Córdoba