Ciudad a ciudad, Argentina en red
| miércoles, 03 de junio de 2026
El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (Pami) admitió una deuda de $4.229.546.552 con los hospitales públicos de la provincia de Córdoba. El dato oficial surgió de un informe de la Jefatura de Gabinete ante el Congreso Nacional.
La falta de pagos afecta no solo a la administración provincial, sino también a más de 150 intendentes y jefes comunales que presentaron reclamos formales. Los mandatarios advierten sobre la saturación de los servicios municipales ante la caída de prestadores privados de la obra social.
Esta cifra posiciona a Córdoba como el segundo distrito con mayor volumen de acreencias en todo el país, solo superada por la provincia de Buenos Aires. El pasivo total reconocido por el organismo con efectores públicos nacionales asciende a $21.700 millones.
El organismo nacional dejó de pagar en octubre del año pasado, según informaron voceros de la cartera sanitaria provincial a La Voz en Vivo. Por su parte, el Ministerio de Salud de Córdoba estima que, con intereses, la deuda real se eleva a $4.700 millones.
Un caso crítico ocurre en Marcos Juárez, donde el cierre de una clínica privada obligó a la Provincia a poner en marcha un plan de emergencia. Se reforzó el hospital regional con nuevas camas de internación, equipamiento de alta complejidad e incorporación de personal médico.
Desde Pami justificaron los retrasos alegando a cuestiones administrativas de los centros de salud. Una de estas fue la supuesta omisión de declaraciones juradas obligatorias. No obstante, las autoridades cordobesas desmintieron esta versión, asegurando que toda la documentación fue presentada a término.
El escenario de deudas se traslada también al sector de la salud visual. Según reveló Cristian Pastore, titular de la Cámara de Ópticas de Córdoba, Pami adeuda más de $1.600 millones a las ópticas locales.
El atraso corresponde a prestaciones brindadas durante los meses de noviembre, diciembre y enero. "Hace casi seis meses que no cobramos las prestaciones y se nos hace muy difícil reponer mercadería", explicó el dirigente gremial al medio citado.
A la crisis financiera se suma una nueva resolución, vigente desde abril, que restringe drásticamente el acceso a lentes para los jubilados. Hasta marzo, los afiliados tenían derecho a recibir un anteojo de cerca y otro de lejos por año.
Con la nueva normativa, la prestación se redujo a un par de cada tipo cada dos años. Además, se implementó un sistema de cupos mensuales que limita las entregas, lo que podría dejar a miles de adultos mayores sin cobertura.
El sector advierte que estas medidas son "arbitrarias" y ponen en riesgo la salud de pacientes con patologías como glaucoma o cataratas. Estas condiciones exigen recambios de cristales con una frecuencia mayor a la impuesta por el organismo.
Finalmente, la combinación de la falta de pagos y la caída del consumo general pone en jaque la supervivencia de los comercios. Al ser en su mayoría negocios familiares, los propietarios ya evalúan la posibilidad de despidos ante la imposibilidad de sostener la situación.
Redacción Vía Córdoba