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| jueves, 09 de julio de 2026
La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó una denuncia de corrupción institucional producto de las declaraciones de Carla, la testigo clave que decidió dar su cara públicamente. En su crudo testimonio, la mujer identificó con nombre y apellido al hombre que, según sus palabras, controla la actividad clandestina en la ciudad.
Se trata de Roberto Moyano, a quien la testigo describió sin rodeos como el “dueño de la noche cordobesa”, según dijo a El Doce. Carla, quien trabajó en Wachitas Bar, aseguró conocerlo de cerca y haber presenciado el manejo de influencias que permitía la apertura de locales a pesar de las clausuras municipales.
Según el relato de la mujer, Moyano no actuaba solo, sino bajo el amparo de un sistema de protección. “Él mismo me lo decía a mí cuando lo conocí, cuando trabajé para él, que el dueño era él”, afirmó Carla respecto al poder que ostentaba este hombre en el circuito de la noche de Córdoba.
La denuncia involucra directamente al narcotráfico y a la corrupción estatal, alejándose de la hipótesis de un crimen pasional. La mujer fue contundente al asegurar que el asesinato de Agostina Vega no fue un femicidio común, sino un “ajuste de cuentas” relacionado con este entorno criminal.
Uno de los puntos más críticos del testimonio fue la mención de pagos ilegales para evitar controles gubernamentales. Carla aseguró que Moyano “tenía un municipal al que le pagaba por si se clausuraba el lugar para volver a abrir”, una práctica que también atribuyó a Soledad Andreani, la encargada de “Guachitas”.
“Acá está metida la Justicia, los municipales, todos; no queda uno afuera”, sentenció la testigo sobre el sistema de protección que rodearía a estos negocios. Según sus palabras, locales similares seguirían funcionando bajo la misma modalidad de impunidad en la actualidad.
A pesar de la relevancia de sus aportes, Carla denunció que su vida corre peligro y que el Estado no le brinda las garantías de seguridad necesarias. Actualmente cuenta con un botón antipánico que vence en septiembre, pero aseguró que no tiene custodia policial efectiva en su domicilio.
"Si me tienen que matar, me van a matar", expresó con crudeza al relatar que recibe amenazas por redes sociales y que no puede salir a trabajar por temor a represalias. Además, criticó que la ayuda económica del Ministerio de Justicia está condicionada a tickets de comida, impidiéndole invertir en un emprendimiento para mantener a sus cinco hijos.
Para la testigo, la muerte de la adolescente, fue como un “mensaje para todas las chicas de la calle”. Advirtió que en ese submundo rige una ley implacable donde, si no se cumple con los líderes, las consecuencias son fatales: “Si no pagás vos, pagan tus hijos”.
Mientras la Justicia define si Carla será incorporada oficialmente como testigo protegida o víctima de trata, ella permanece encerrada en su casa. Sus revelaciones han puesto la lupa sobre Roberto Moyano y las conexiones de poder que, según la denunciante, la justicia ha evitado profundizar hasta el momento.
Luego de que se empezó a asociar al bar con el caso de Agostina, desde Wachitas emitieron un comunicado en el que negaron cualquier vinculación con el crimen. “El bar Wachitas Bar no tiene ningún tipo de participación ni vinculación con los hechos que actualmente son objeto de investigación por parte de las autoridades competentes”, expresaron.
También aseguraron que las personas señaladas en redes sociales no son propietarias ni forman parte de la titularidad del establecimiento y remarcaron que colaboraron con las autoridades durante las actuaciones realizadas en el local.
Redacción Vía Córdoba