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| martes, 23 de junio de 2026
Se cumplen 30 días del femicidio de Agostina Vega y la Municipalidad de Córdoba profundiza su ofensiva contra la irregularidad en la noche. El intendente Daniel Passerini confirmó medidas drásticas tras la clausura del bar Wachitas Bar.
“Voy a terminar con toda la mugre que hay en la Municipalidad”, sentenció el jefe comunal, en diálogo con El Doce, donde explicó que el caso desnudó falencias graves en los controles. El establecimiento de Nueva Córdoba fue clausurado preventivamente luego de que la Justicia pusiera la lupa sobre su funcionamiento.
Una de las medidas centrales es la modificación de la ordenanza de habilitaciones comerciales para evitar el reciclaje de locales infractores. Passerini detectó que muchos inmuebles clausurados por actividades ilícitas simplemente cambiaban de titular para volver a abrir.
“La decisión es inhabilitar a la persona, pero también bloquear que en ese inmueble se pueda volver a llevar adelante esa actividad”, explicó. Este cambio busca frenar el circuito de impunidad en establecimientos donde se sospecha la venta de estupefacientes o explotación.
Según el mandatario, el caso de Wachitas dejó “al desnudo” la necesidad de esta herramienta legal que no existía anteriormente en la ciudad. La medida apunta directamente a los propietarios de edificios que facilitan espacios para negocios turbios.
El municipio creó una unidad especial que integrará diversas áreas para auditar todos los comercios de la ciudad en un plazo de tres meses. El objetivo es revisar las más de 7.000 habilitaciones vigentes, muchas de ellas otorgadas bajo gestiones anteriores.
“En 90 días revisaremos todas las habilitaciones, hay expedientes que están en manos de inspectores que tenemos que ir a la Justicia para pedírselos”, reveló Passerini. Se estima que el 70% de los problemas se concentran en locales pequeños y quioscos barriales que operan fuera de regla.
El intendente denunció que gran parte de la estructura de control fue infiltrada por intereses oscuros vinculados a la noche cordobesa. Incluso, el presidente del Ente de Fiscalización, Ezequiel Ormache, recibió amenazas de muerte y balas en su escritorio por estos operativos.
La intervención municipal en el bar se aceleró al confirmarse que Soledad Andreani, imputada por encubrimiento agravado en el femicidio, trabajaba en el lugar. La Justicia investiga si el vehículo de Andreani se utilizó para trasladar los restos de la menor.
Por su parte, los abuelos de la adolescente aclararon que la única conexión de su nieta con el boliche era el vínculo laboral de la detenida. “Agostina nunca estuvo en ese lugar”, enfatizó Miguel para desmentir versiones que intentaban vincular a la menor con la actividad del bar.
Mientras tanto, la Municipalidad continúa con la purga interna que ya suma 119 agentes exonerados, la mayoría por irregularidades en controles nocturnos. Passerini ratificó que el narcotest obligatorio para funcionarios será clave para “cortar la cadena” de complicidad con el delito.
Luego de que se empezó a asociar al bar con el caso de Agostina, desde Wachitas emitieron un comunicado en el que negaron cualquier vinculación con el crimen. “El bar Wachitas Bar no tiene ningún tipo de participación ni vinculación con los hechos que actualmente son objeto de investigación por parte de las autoridades competentes”, expresaron.
También aseguraron que las personas señaladas en redes sociales no son propietarias ni forman parte de la titularidad del establecimiento y remarcaron que colaboraron con las autoridades durante las actuaciones realizadas en el local.
Redacción Vía Córdoba