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| jueves, 30 de julio de 2026
La abogada de la familia de Rocío Belén Gómez, Daniela Morales Leanza, formalizó una medida que sacude los cimientos del sistema judicial de Córdoba. Producto del femicidio en Santa María de Punilla. Confirmó que presentará una denuncia penal contra el juez de Ejecución Penal, Facundo Moyano Centeno, y el Patronato del Liberado.
La decisión se fundamenta en lo que la letrada calificó como una cadena de negligencias que permitieron que Maximiliano Baudraco estuviera en libertad al momento del crimen. Para Morales Leanza, no se trata de errores menores, sino de señales sistemáticas ignoradas por los organismos de control.
Baudraco cumplía una condena de ejecución condicional dictada en octubre de 2025 por coacción, resistencia a la autoridad y daño calificado. A pesar de tener prohibido el contacto con las víctimas, el agresor nunca cumplió con los tratamientos por adicciones ni terminó la escuela secundaria.
Incluso su propio abogado defensor de aquel momento había renunciado en febrero de 2026, al advertir al juzgado sobre los constantes incumplimientos de su cliente. Según el relato del letrado a las fuentes, él mismo solicitó que se le revocara la libertad para evitar una tragedia, pero nunca obtuvo respuesta.
“No estamos frente a errores aislados, sino a señales reiteradas de un sistema que da demasiadas oportunidades”, sentenció Morales Leanza, en diálogo con Cadena 3. La querella sostiene que, de haberse actuado a tiempo, el desenlace fatal se habría evitado.
Uno de los puntos más críticos de la denuncia apuntó a la trazabilidad de los informes del Patronato del Liberado. La abogada reveló que el último reporte del organismo fue recibido por el juez el 20 de julio a las 15.30, después de que Rocío fuera asesinada.
Morales Leanza calificó de “desfachatez” y “burla” que las autoridades del Patronato afirmaran públicamente haber dado las señales de alerta pertinentes. La denuncia penal buscará determinar si existió una posible omisión de los deberes de funcionario público y delitos contra la Administración Pública.
El foco también se colocó sobre el juez Facundo Mollano Centeno. El magistrado ya arrastraba cuestionamientos previos por el control de otros delincuentes peligrosos, como el caso del expolicía Graso, quien violó su prisión domiciliaria más de 200 veces.
Mientras la comunidad de Punilla permanece conmocionada, la denuncia de la querella busca que el Fuero Penal investigue la responsabilidad política y judicial en este sexto femicidio del año en Córdoba.
Redacción Vía Córdoba