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| viernes, 28 de agosto de 2026
La abogada querellante de la familia de Rocío Belén Gómez, Daniela Morales Leanza, formalizó una denuncia penal que sacude al sistema judicial de Córdoba. La presentación apunta directamente contra el juez de Ejecución Penal N.º 1, Facundo Moyano Centeno, y las autoridades del Patronato del Liberado.
Según la letrada, el femicidio de la mujer de 27 años, ocurrido en la localidad serrana de Santa María de Punilla, pudo haberse evitado. Morales Leanza denunció una cadena de negligencias estatales que permitieron que el agresor, Maximiliano Baudraco, continuara en libertad.
Baudraco arrastraba una condena condicional dictada en octubre de 2025 por coacción, resistencia a la autoridad y daño calificado, luego de denuncias previas por violencia familiar. A pesar de tener prohibido acercarse a las víctimas, el agresor incumplió de manera sistemática las reglas de conducta.
El condenado nunca inició los tratamientos psicológicos ordenados ni completó sus estudios secundarios. Incluso, su propio abogado defensor de ese entonces renunció en febrero de 2026 y solicitó al juzgado revocar su libertad ante el riesgo inminente, pero no obtuvo respuestas.
“No estamos frente a errores aislados, sino a señales reiteradas de un sistema que da demasiadas oportunidades”, aseveró la abogada Morales Leanz, en diálogo con Cadena 3. Para la querella, la falta de reacción de la Justicia ante estas alertas tempranas pavimentó el camino hacia el trágico desenlace.
La denuncia penal también cuestiona severamente al Patronato del Liberado, cuyos directivos afirmaron en declaraciones públicas haber emitido alertas a tiempo. Morales Leanza calificó estos dichos como una “desfachatez” y “burla” para la familia de la víctima.
La prueba principal de esta acusación radica en que el último informe del organismo de control ingresó al juzgado el 20 de julio a las 15.30. Esto ocurrió varias horas después de que la joven ya hubiera sido asesinada en su domicilio.
La abogada confirmó que la denuncia penal busca esclarecer la presunta omisión de deberes de funcionario público. “El Estado debe explicar qué hizo y qué no para prevenir esta tragedia”, sentenció.
El femicidio de Rocío Gómez se perpetró durante la madrugada del lunes 20 de julio en la intersección de Independencia y Echeverría. Baudraco la apuñaló cinco veces con un arma blanca en presencia de las tres hijas de la víctima, de 9, 6 y 2 años.
La autopsia forense determinó que la joven falleció por un shock hipovolémico provocado por múltiples heridas vitales. Particularmente, una de las estocadas perforó un pulmón y seccionó la arteria aorta, causando un sangrado masivo.
El acusado fue detenido poco después y se encuentra imputado por homicidio calificado por el vínculo y violencia de género. Este hecho se convirtió en el sexto femicidio registrado en la provincia de Córdoba en lo que va del año 2026.
Redacción Vía Córdoba