María Belén Altamira
Una aberrante acusación salió a la luz después de que la mamá de una niña de 4 años denunciara un caso de abuso dentro de una institución educativa. Este miércoles, los padres de los demás alumnos se manifestaron frente al Jardín de Infantes Pablo Pizzurno, ubicado en la localidad de Villa Parque Santa Ana, para pedir explicaciones.
“Nunca nos avisaron de la denuncia. Queremos saber qué está pasando. Son niños”, decía una de las madres, que se convocó frente a la institución. Según aseguran, las autoridades no informaron del hecho a los demás padres, pese a que, en el testimonio de la menor estaban involucrados docentes en función y otros compañeros.
“Hay una docente que está hace 11 años acá. ¿Hace cuánto que esto pasa y no nos enteramos?”, expresaba otra de las presentes. Lo cierto es que, por el momento, sólo hay una denuncia formal presentada a la Fiscalía de Alta Gracia, que data del 15 de octubre. Sin embargo, la institución y los docentes siguen dictando clases normalmente.
La versión de las autoridades escolares
La inspectora de Nivel Inicial, Gabriela Oliva, fue -hasta el momento- la única autoridad de la institución que brindó testimonio. En diálogo con el medio local, AG Noticias, dijo: “Hemos recibido una posible denuncia y nos hemos hecho cargo desde el día en el que tomamos conocimiento. Se fue llevando a cabo una investigación administrativa que corresponde al Ministerio de Educación y estamos a disposición de la Justicia”.
Y prosiguió diciendo: “Se han tomado las medidas para que el jardín sea seguro. Nos estamos ocupando”. Respecto a la manifestación de los padres ante la falta de comunicación de la situación aseguró que “Estamos recibiendo las inquietudes de todos los padres”.
La palabra de la fiscalía
Respecto al caso, el fiscal Peralta Otonello precisó a Vía Córdoba: “A partir de la denuncia, se dispusieron las medidas de investigación correspondientes, además de la comunicación a las autoridades educativas pertinentes”.
Además, aseguró que el caso se encuentra en procesos de investigación: receptando declaraciones de los progenitores, colaboración de profesionales, y citación a diversas personas. Y agregó que, al ser un presunto delito de intancia privada y las víctimas menores de edad, las actuaciones “revisten el carácter de secretas, según lo dispuesto por la norma procesal”, precisó.