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| jueves, 04 de junio de 2026
La causa que investiga la muerte de Tomás Orihuela, el joven de 19 años encontrado sin vida en la Comisaría Sexta de barrio General Paz de la ciudad de Córdoba dio un giro determinante en las últimas horas.
El fiscal Andrés Godoy sostiene que la detención ocurrida el pasado 26 de abril fue una privación ilegítima de la libertad basada en información falsa o inexistente.
Dentro de los seis efectivos imputados, la situación de una mujer policía y un comisario se volvió crítica luego de que se conocieran detalles sobre sus conductas previas y posteriores al hecho que concluyó con la vida del joven de 19 años.
La agente que permanece detenida está señalada como la principal impulsora del operativo irregular. Según la instrucción, mantenía conflictos personales con Orihuela desde meses previos a la detención.
Para la fiscalía, existía un presunto “ensañamiento” contra el joven. Incluso, la agente habría sido advertida por la Unidad Judicial de que la orden de captura contra Orihuela ya no estaba vigente.
Pese a la notificación oficial sobre la falta de validez legal del arresto, la uniformada decidió continuar con el procedimiento, lo que para los investigadores desencadenó la tragedia posterior.
Otro de los detalles más impactantes del expediente involucra a un comisario imputado por encubrimiento agravado. Se sospecha que el jefe policial intentó eliminar pruebas fundamentales para la causa.
Según la investigación judicial, el comisario le habría entregado su propio celular a la agente detenida. El objetivo era que ella pudiera borrar mensajes comprometedores vinculados al operativo ilegal.
Esta maniobra refuerza la hipótesis fiscal de que los efectivos sabían que estaban actuando por fuera de la ley al momento de interceptar al joven en la vía pública.
Un audio enviado por Orihuela a su madre días antes de morir se convirtió en una pieza central de la causa. “Tengo miedo de que me frenen en algún control y me lleven por nada”, advertía el joven.
Para la familia, este mensaje demuestra que el joven se sentía perseguido por la fuerza policial de su zona. El 26 de abril, Tomás pasó cuatro horas dentro de un patrullero antes de ser llevado a la celda.
Apenas media hora después de entrar a la Comisaría Sexta, fue encontrado ahorcado con su propio buzo. Aunque la autopsia no reveló violencia física externa, la Justicia investiga la presión psicológica sufrida.
Además de la agente y el comisario, hay otros cuatro policías imputados por privación ilegítima de la libertad, homicidio culposo e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La fiscalía mantiene la calificación de “resultado fatal” para la detención ilegal. Considera que, aunque se trate de un suicidio, los policías lo colocaron en una situación de encierro ilegítimo que terminó en muerte.
Redacción Vía Córdoba