Tras Claudio Barrelier, Córdoba exigirá antecedentes penales y controles antidrogas a empleados municipales
El Concejo Deliberante de Córdoba tratará este jueves una reforma del Estatuto del Personal.
Redacción Vía CórdobaLa Municipalidad de Córdoba busca endurecer los controles sobre sus trabajadores. Este jueves, el Concejo Deliberante tratará una reforma del Estatuto del Personal que incorpora la presentación periódica de certificados de antecedentes, estudios toxicológicos y la obligación de informar si un agente resulta imputado en una causa penal.
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La iniciativa, impulsada por el intendente Daniel Passerini, modifica la Ordenanza 7244 y obtuvo consenso entre los distintos bloques políticos durante su tratamiento en comisiones. El objetivo es reforzar los requisitos de ingreso y permanencia en la administración municipal, además de establecer nuevas obligaciones para quienes ya trabajan en la comuna.
Entre los cambios previstos figuran controles de consumo de drogas, la verificación de antecedentes judiciales y contravencionales y sanciones administrativas para quienes omitan informar determinadas situaciones procesales.
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La reforma establece nuevos requisitos para el personal alcanzado por el Estatuto, tanto al momento de ingresar como durante el desarrollo de la relación laboral.
Entre la documentación prevista se encuentran certificados de antecedentes de la Policía de Córdoba y del Registro Nacional de Reincidencia. También se contempla la consulta de registros vinculados con deudores alimentarios morosos y personas condenadas por delitos contra la integridad sexual.
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Para agilizar las verificaciones, la Municipalidad prevé celebrar convenios con organismos provinciales y nacionales que permitan consultar la información de manera digital.
En materia de consumo de sustancias, el proyecto incorpora la presentación de estudios toxicológicos al momento del ingreso. Además, habilita la realización de controles aleatorios o focalizados durante la relación laboral.
Según el texto de la iniciativa, estos controles tendrán especial relevancia en áreas operativas sensibles, donde las tareas del personal puedan implicar riesgos para terceros o involucrar el manejo de maquinaria pesada.
Qué empleados municipales estarán alcanzados por la reforma
La modificación comprende a trabajadores de planta permanente, personal transitorio, contratados y funcionarios de la planta política. Sin embargo, la iniciativa excluye a quienes trabajan bajo la modalidad de monotributo, a los becarios y a los servidores urbanos.
El proyecto busca establecer requisitos comunes para los distintos sectores incluidos en el régimen municipal, con mecanismos de verificación de antecedentes y nuevas obligaciones vinculadas con la situación judicial de los agentes.
Deberán informar si son imputados en una causa penal
Otro de los cambios centrales es la obligación de comunicar formalmente determinadas novedades judiciales. Los trabajadores alcanzados deberán informar si son imputados en una causa penal, incluso cuando el hecho investigado no esté relacionado con sus funciones en la Municipalidad.
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También tendrán que notificar órdenes de captura, detenciones y otras medidas preventivas dictadas por la Justicia. La omisión deliberada o injustificada de esa información podrá constituir una falta grave y dar lugar a sanciones administrativas.
No obstante, el proyecto contempla garantías vinculadas con el debido proceso: la sola imputación penal no implicará una sanción o suspensión automática. Según lo informado sobre la iniciativa, la situación podrá derivar en un sumario administrativo cuando existan medidas de coerción personal vinculadas con delitos dolosos.
Cuándo entraría en vigencia la nueva normativa
El concejal Nicolás Piloni, de Hacemos Unidos por Córdoba, destacó que la reforma busca elevar las exigencias de integridad para ingresar a la administración municipal y permanecer en ella.
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Si el Concejo Deliberante aprueba la iniciativa, el Poder Ejecutivo municipal tendrá un plazo de 30 días administrativos para elaborar la reglamentación correspondiente.
La entrada en vigencia quedará sujeta a la publicación oficial de la norma, de acuerdo con el procedimiento previsto. Hasta entonces, los nuevos requisitos deberán considerarse parte de una reforma en trámite y no controles ya vigentes para todos los empleados municipales.
