Amenazas en escuelas: Córdoba cobrará los operativos a los padres de los responsables
La medida busca frenar los casos y evitar el uso indebido de recursos de seguridad.
Redacción Vía CórdobaAnte el aumento de falsas amenazas en escuelas, el Gobierno de Córdoba anunció la implementación de un protocolo que permitirá cobrar los costos de los operativos de seguridad a los padres o adultos responsables de los menores involucrados.
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La medida fue oficializada este miércoles por el Ministerio de Seguridad provincial y apunta a desincentivar este tipo de conductas, que en los últimos meses obligaron a desplegar importantes recursos policiales y alterar el normal funcionamiento de las clases.
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A partir de ahora, cada intervención por una amenaza falsa será cuantificada en términos económicos. Esto incluye el despliegue de la Policía de Córdoba, brigadas especiales, bomberos y equipos de investigación.
Una vez identificados los responsables por la Justicia, la Provincia avanzará en el recupero de esos gastos a través de los padres o tutores legales. El cobro será independiente de las sanciones penales que puedan corresponder.
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El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, explicó que cada operativo implica una movilización significativa de recursos humanos y técnicos. “Ese costo no puede seguir recayendo sobre toda la sociedad”, sostuvo.
El impacto de las falsas amenazas por tiroteo
Las intimidaciones, muchas veces realizadas a través de redes sociales o mensajes anónimos, obligan a activar protocolos de emergencia que incluyen evacuaciones, controles y presencia policial en los establecimientos educativos.
Este tipo de situaciones no solo genera preocupación en la comunidad educativa, sino que también desvía recursos clave que deberían estar destinados a tareas de prevención del delito en otros puntos de la provincia.
Desde el Gobierno provincial remarcaron que la política será de “tolerancia cero” frente a estas conductas. El protocolo se implementará en coordinación con el Ministerio Público Fiscal y la Policía de Córdoba.
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Además, destacaron que los avances tecnológicos permiten rastrear con mayor precisión el origen de las amenazas, lo que facilita la identificación de los responsables y el inicio de acciones tanto penales como administrativas.
