Amenazas en escuelas: Córdoba cobrará los operativos a los padres de los responsables
La medida busca frenar los casos y evitar el uso indebido de recursos de seguridad.
Redacción Vía Córdoba
22 de abril de 2026, 20:24
Ante el aumento de falsas amenazas en escuelas, el Gobierno de Córdoba anunció la implementación de un protocolo que permitirá cobrar los costos de los operativos de seguridad a los padres o adultos responsables de los menores involucrados.
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La medida fue oficializada este miércoles por el Ministerio de Seguridad provincial y apunta a desincentivar este tipo de conductas, que en los últimos meses obligaron a desplegar importantes recursos policiales y alterar el normal funcionamiento de las clases.
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A partir de ahora, cada intervención por una amenaza falsa será cuantificada en términos económicos. Esto incluye el despliegue de la Policía de Córdoba, brigadas especiales, bomberos y equipos de investigación.
Una vez identificados los responsables por la Justicia, la Provincia avanzará en el recupero de esos gastos a través de los padres o tutores legales. El cobro será independiente de las sanciones penales que puedan corresponder.
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El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, explicó que cada operativo implica una movilización significativa de recursos humanos y técnicos. “Ese costo no puede seguir recayendo sobre toda la sociedad”, sostuvo.
El impacto de las falsas amenazas por tiroteo
Las intimidaciones, muchas veces realizadas a través de redes sociales o mensajes anónimos, obligan a activar protocolos de emergencia que incluyen evacuaciones, controles y presencia policial en los establecimientos educativos.
Este tipo de situaciones no solo genera preocupación en la comunidad educativa, sino que también desvía recursos clave que deberían estar destinados a tareas de prevención del delito en otros puntos de la provincia.
Desde el Gobierno provincial remarcaron que la política será de “tolerancia cero” frente a estas conductas. El protocolo se implementará en coordinación con el Ministerio Público Fiscal y la Policía de Córdoba.
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Además, destacaron que los avances tecnológicos permiten rastrear con mayor precisión el origen de las amenazas, lo que facilita la identificación de los responsables y el inicio de acciones tanto penales como administrativas.