María Belén Altamira
Oscar González será citado ante la Legislatura de Córdoba para ejercer su derecho de defensa. La decisión se tomó en el marco del tratamiento, que llevará a cabo la Unicameral, de los proyectos que buscan apartarlo de su función de legislador, después de la tragedia en Altas Cumbres.
Este jueves, legisladores del oficialismo y de la oposición sesionaron en comisión y acordaron dar curso a un cronograma de reuniones en las que se darán tratamiento a tres pedidos expulsión y otros tres de suspensión y apartamiento del parlamentario en licencia.
Los bloques ratificaron los pedidos de apartamiento a González
En una reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Institucionales y de Asuntos Constitucionales, los dos bloques de la izquierda y Coalición Cívica-ARI ratificaron las cuestiones de privilegio para que se dé tratamiento a la expulsión de González de la Legislatura.
También sostuvieron sus pedidos el bloque de Encuentro Vecinal, que solicitó cuestiones de privilegio para apartar a González por seis meses; y Juntos UCR que planteó en igual sentido una suspensión, aunque por un año, con posibilidad de analizar la expulsión del cuerpo, según detalló La Voz.
En tanto, Juntos por el Cambio no pidió cuestiones de privilegio, sino que su presidente de bloque, Orlando Arduh, argumentó un proyecto de apartamiento del legislador hasta tanto se resuelva la cuestión judicial.
Derecho de defensa y análisis del accidente de tránsito
En esta primera instancia de tratamiento y, de acuerdo con el Reglamento Interno, los legisladores acordaron respetar el derecho de defensa de González, por lo que -debido a que se encuentra con licencia-, resolvieron su citación en comisión ante los legisladores.
Tras resolver las discrepancias, se acordó una nueva reunión a comienzo de la semana próxima, con fecha a definir, para que cada bloque fundamente su pedido. Y otra instancia para un encuentro con los familiares y sus abogados.
El oficialismo también acordó solicitar al Ministerio Público Fiscal un informe de la causa en los Tribunales de Villa Dolores, a lo que el radicalismo sumó elevar un oficio al Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito y a Nación para que se informe si González contaba con una licencia de conducir habilitante.
Una vez finalizadas las reuniones, las comisiones deberán girar un despacho para su tratamiento en el recinto. En caso de que se apruebe, para concretarse la suspensión o expulsión se requerirán los dos tercios de los votos.