El lunes se iniciarán en el Tribunal Oral Federal 2 los alegatos del juicio contra cuatro ex funcionarios judiciales. Es por hechos cometidos en nuestra provincia durante la última dictadura cívico militar, en la llamada "Causa de los magistrados".
Tras escuchar las declaraciones de 28 testigos, el TOF2, comenzará a escuchar el próximo el lunes los alegatos finales de las partes, que se iniciarán con las exposiciones de los abogados Patricia Chalup y Adriana Gentile, en representación de las querellas de Elba Inés Pucheta, Raquel Altamira, Virginia Arquiola, Luis Baronetto y Juan Miguel Ceballos.
Posteriormente el lunes 25, será el turno del Ministerio Público Fiscal, representado en esta causa por los fiscales Carlos Gonella y Facundo Trotta.
En diálogo con Télam Gonella consideró que las pruebas que se han recepcionado durante el debate "han corroborado la acusación" y añadió que los testimonios y la prueba documental "han sido contundentes" En ese sentido indicó que "las denuncias están documentadas y están las firmas de los acusados al pie de las denuncias" que los prisioneros políticos en esa época habían realizado sobre las torturas a las que estaban siendo sometidos. Gonella añadió que sobre la inacción de los acusados ante esas denuncias "hay un importante caudal probatorio de tipo documental y los testimonios de los sobrevivientes que han que lo han ratificado".
Por otra parte el fiscal de la causa señaló que "independientemente de los resultados, lo trascendente es que se haya hecho este juicio oral con la presencia de los acusados. Es la primera vez en Córdoba, que se lleva a jiicio a representantes de la sociedad civil, en este caso del poder judicial federal".
En esta causa están imputados el ex juez federal Miguel Ángel Puga, el ex fiscal federal Antonio Cornejo, el ex defensor oficial Ricardo Haro y el ex secretario penal del Juzgado Federal 1 Carlos Otero Alvarez.
En todos los casos, los imputados están acusados de incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrir torturas, secuestros, homicidios y otros delitos de los que fueron víctimas prisioneros políticos que pasaron por el Departamento de Informaciones de la Policía provincial (D2) y por la Unidad Penitenciaria 1 (UP1) de barrio San Martín, en la ciudad de Córdoba.
Los ex funcionarios judiciales están acusados de haber eludido investigar crímenes denunciados por las víctimas frente a ellos y de haber encubierto a los perpetradores.