La Justicia le negó a Catrambone el pedido de cumplir su detención en la casa de su exsuegra

Pascual Catrambone, gremialista del sindicato de recolectores de Córdoba (Surrbac), pidió no ser enviado de regreso a la cárcel de Bouwer ni a otras penitenciarías, excusándose en el riesgo de contagiar coronavirus. Finalmente la Justicia decidió que deberá cumplir los 14 días de cuarentena en la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA) de barrio Cáceres, y luego sería enviado nuevamente a la cárcel de Bouwer.

Catrambone había sido detenido el pasado martes luego de que fuera imputado por lesiones leves calificadas y privación ilegítima de la libertad, tras agredir a su pareja en su casa del barrio privado Tejas del Sur II, en la zona sur de la ciudad de Córdoba.

Debido a la pandemia, como medida de prevención, desde la Justicia federal se informó que el gremialista debería realizar dos semanas de cuarentena previo a ser enviado a la cárcel. Fue justamente el coronavirus el motivo que le había ayudado a salir del penal, ya que fue usado como argumento por la Cámara Federal de Apelaciones para darle la libertad luego de siete meses de encierro, junto a su socio político Mauricio Saillén, secretario general del Surrbac.

En estos días, a través de sus abogados Darío Vezzaro, Fernando Martínez Paz y Eduardo Gómez Caminos, el gremialista pidió que le concedan el beneficio de la prisión domiciliaria, utilizando nuevamente como motivo el coronavirus, para no contagiar él a demás personas.

Según sus defensores, si Catrambone fuera enviado a Bouwer u otro establecimiento, podría convertirse en "un foco de contagio para el resto de los reclusos, como para todo el personal que allí se encuentra ejerciendo funciones".

El imputado pidió que se le permita cumplir con prisión domiciliaria en la casa donde vive su exsuegra Margarita Blanca Cabiedes, madre de su anterior esposa Adriana Oviedo, en una casa de barrio Santa Isabel, también en el sur de la ciudad. Pero el problema es que esa casa es el domicilio de varias de las empresas suyas y de su familia, que están involucradas en las causas judiciales por haber conseguido contratos millonarios con la empresa municipal Crese y también con su sindicato.

Sumado a esto, al frente de esa casa, hay un galpón de la mutual del sindicato, escenario de las mayores defraudaciones que habría cometido él y las otras 18 personas acusadas en la principal causa judicial.

Catrambone, si bien podía mantener su libertad con la condición de no tener ningún tipo de contacto con personas vinculadas al gremio, la mutual y a la causa judicial, no podría hacerlo en ese domicilio. Sería imposible.

Su exmujer, además es o era su socia en algunos de los emprendimientos privados, por lo cual la Justicia interpretó que más difícil le sería mantenerse al margen de esos asuntos viviendo en la casa de su exsuegra.

Como si faltaran motivos, su exsuegra tiene más de 70 años, lo que la convierte en paciente de riesgo ante un eventual contagio por coronavirus, algo que desarma su argumento, nuevamente.

El jueves el fiscal Senestrari, quien el martes pidió su detención, se manifestó a favor de que Catrambone tenga prisión domiciliaria, pero en su casa del barrio privado, donde ocurrió el hecho de violencia contra su pareja. Pero el mismo día el juez federal Ricardo Bustos Fierro le negó el pedido de prisión domiciliaria a Catrambone, mencionando todos los argumentos anteriores y sumando otros.

Además, el juez señaló que no puede permitirse que Catrambone esté ni en la casa de su exsuegra, ni en su domicilio del barrio privado porque no se sabe si vive allí su pareja agredida.

De esta manera, Catrambone deberá cumplir los 14 días de cuarentena en la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA) de barrio Cáceres, y luego sería enviado nuevamente a la cárcel de Bouwer, donde ya estuvo detenido entre agosto de 2019 y abril de 2020.

La nueva detención de Catrambone agrava su situación procesal y pone bajo la lupa la decisión que, en fallo dividido, tomó la Cámara Federal de Apelaciones al dejarlo en libertad a fines de marzo, al decir que dejarlo libre no sería un riesgo para que se continúe desarrollando la investigación judicial.