Dictadura: comienza a develarse la complicidad judicial en Córdoba

Desde este martes juzgan a cuatro exmiembros de la Justicia Federal acusados de encubrir torturas, secuestros, homicidios y otros delitos. Uno de ellos es el exjuez Otero Álvarez, quien condenó en 2008 a prisión perpetua a Luciano Benjamín Menéndez.

El exjuez Carlos Otero Alvarez, uno de los acusados.
El exjuez Carlos Otero Alvarez, uno de los acusados.

Este martes comenzará en la ciudad de Córdoba el juicio contra cuatro exfuncionarios de la Justicia Federal que están imputados por presuntos delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar, conocida como "Causa de los magistrados".

El juicio estará a cargo del Tribunal Oral 2 (TOF2) y tiene como imputados al exjuez federal Miguel Ángel Puga; el exfiscal federal Antonio Cornejo; el exdefensor oficial Ricardo Haro y el exsecretario penal del Juzgado Federal 1 Carlos Otero Álvarez. Un detalle particular es que Otero Álvarez fue parte del Tribunal que en 2008 condenó por primera vez a Luciano Benjamín Menéndez, en la llamada "Causa Brandalisis".

En todos los casos los acusados deberán responder por el supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrir torturas, secuestros, homicidios y otros delitos de los que fueron víctimas prisioneros políticos que pasaron por el Departamento de Informaciones de la Policía provincial (D2), y luego por la Unidad Penitenciaria número 1 (UP1) de barrio San Martín de la ciudad de Córdoba.

Según consta en la elevación a juicio, los funcionarios judiciales están sindicados de no haber promovido la investigación de los crímenes denunciados por las víctimas frente a ellos y de haber encubierto a los represores.

Complicidad. Las víctimas de esos delitos, más de 70 consideradas en este expediente, estaban detenidas a disposición judicial y militar en causas abiertas por violación a la denominada "ley antisubversiva" (20840) de la dictadura. Al ser indagados por esas causas, en la que se formalizaba la persecución política, las víctimas pusieron en conocimiento de jueces, fiscales y defensores violaciones de los derechos humanos que estaban padeciendo en su cautiverio ilegal iniciado en el D-2 y continuado en la UP1, pero los funcionarios de la Justicia Federal nunca promovieron la investigación de esos delitos.

En el requerimiento fiscal también había sido imputado el exdefensor Luis Eduardo Molina, quien fue apartado del proceso por razones de salud y, por lo tanto, no afrontará el debate oral y público.

El TOF2 estará integrado por los jueces Fabián Falcucci, como presidente, José Camilo Quiroga Uriburu (de La Rioja) y Jorge Gallino (de Concepción del Uruguay).

Se estima que el juicio se extenderá hasta octubre, en el que se estima declaren una treintena de testigos y está previsto que las audiencias se realicen los días lunes y martes.