Los gremios y representantes de distintos sectores políticos se manifiestan este miércoles por la tarde a metros del edificio de la Unicameral en dos actos por separados, en los que expresaron el rechazo al proyecto que se trata en el recinto sobre la reglamentación de los servicios esenciales, y que fija que deberá darse por parte del gremio un preaviso de hasta cinco días de que llevará adelante una protesta.
En rechazo a esta propuesta oficial, y que cuenta con el aval de los votos de radicales y del PRO, a horas de resuelto el conflicto en el transporte y que motivó que el Gobierno provincial girara esta iniciativa a la Unicameral, se realizaron dos actos: uno liderado por Mauricio Saillén, de CGT Rodríguez Peña; y otro encabezado por José Pihen, de la CGT Chacabuco.
"Hemos fijado posición, como ya lo hicimos en 2014, cuando también se buscó reglamentar el derecho de huelga, lo que rechazamos como una cuestión de principios y jurídica, ya que esto no está en manos de la Provincia ni dela Municipalidad porque es un derecho constitucional y sólo puede intervenir el Congreso Nacional", dijo Pihen.
"Además, es un intento tardío después de un conflicto largo y aprovechando el mar humor, pero habla de servicios esenciales desde el transporte hasta un portero. Esto no va a servir para nada", insistió Pihen.
El proyecto, al que tuvo acceso este medio, pretende regular las protestas en los servicios como salud y transporte. Y establece en el artículo 1°: " Que cuando el ejercicio de una medida de acción directa involucre o comprometa la interrupción y suspensión de actividades que pueden tener consecuencias para el goce de los derechos constitucionales da la vida, salud, la seguridad, la justicia y el acceso a la energía eléctrica, gas, agua potable sea por tratarse de servicios esenciales, deberá garantizarse un conjunto básico de prestaciones y personal".
Y se precisa en el segundo artículo que el transporte público de pasajeros queda "expresamente comprometido" en esta norma, por lo que se debe dar en caso de una protesta " las garantías mínimas en la prestación".
Además, se crea una comisión técnica, y se fija que se deberá dar un preaviso de cinco días en caso de una medida que afecte los servicios. Si esto no se cumple, la autoridad de aplicación (Provincia o Municipalidad), junto con la comisión técnica, quedará habilitada para fijar los servicios, personal, horarios de la prestación y de aplicar sanciones.