Juliana Argañaraz
El martes la Ciudad de Buenos Aires habilitó la inscripción para vacunarse a menores de 60 años con factores de riesgo, y advirtió que serán minuciosos los controles de los certificados que los inscriptos deberán presentar para respaldar las comorbilidades que califican para acceder a una vacuna.
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Así, los profesionales de la salud de la Ciudad serán los que decidan quiénes podrán o no acceder a las vacunas, y deberán prestar especial atención a posibles certificados truchos o falsificaciones.
Desde el Gobierno porteño ya advirtieron que, en caso de detectarse una violación de ese calibre, los médicos firmantes del mismo podrán ser sancionados, e incluso corren el riesgo de perder su matrícula.
El plan oficial es generar una campaña más disuasiva que intensiva, y dejar muy en claro los riesgos que enfrentará un profesional que se preste a realizar certificados médicos falsos.
Esta próxima etapa de vacunación es crucial, indica Clarín, ya que son justamente los menores de 60 años los que por estos días ocupan la mayoría de las camas de terapia intensiva, mientras que el 80% de los mayores de 60 ya están vacunados. Al 20% restante, que no se inscribió, el Gobierno porteño planea ir a buscarlos casa por casa.
Para los convocados en una primera etapa, los que tienen entre 55 y 59 años, las patologías consideradas de riesgo y que podrán acceder a la vacunación, son: obesidad, enfermedad cardiovascular, enfermedad respiratoria, diabetes, enfermedad renal, cirrosis, inmunosuprimidos, VIH, trasplantados, pacientes oncológicos, tuberculosis activa, Síndrome de Down y discapacidad intelectual.
Mientras, quienes tengan alguna otra enfermedad preexistente que no figure entre las listadas, no podrán vacunarse todavía. En la próxima etapa se convocará a los pacientes de riesgo de entre 50 y 54 años, y así continuará el plan, en tandas de a cinco año de manera descendente.
Control de certificados truchos
Quienes se presenten a vacunarse deberán hacerlo con el certificado en mano, y el control de la legitimidad de los mismos se hará posteriormente.
Sobre los criterios que se utilizarán para investigar supuestas irregularidades, fuentes oficiales dijeron a Clarín: “Por ejemplo, que aparezcan muchos certificados firmados por el mismo médico. O que haya algún elemento de sospecha en el certificado. A esto se pueden agregar investigaciones aleatorias y muestrales para encontrar irregularidades”.
El Gobierno de la Ciudad tiene acceso a las historias clínicas de los vecinos, por lo que ante cualquier duda podrá verificar la existencia o no de la patología esgrimida en el certificado. Y si se descubre una falsificación, “les quitamos la matrícula”, dijo la misma fuente.
“Se puede acceder a los datos de historias clínicas de hospitales públicos, pero el acceso a los del sistema privado están protegidos y sólo los puede pedir un juez”, explicó sin embargo un médico de gran trayectoria en el ámbito porteño.
Otra opción, indicó la misma fuente, sería “que el equipo de legistas del Gobierno porteño se contacte con los médicos o el efector de salud —clínica u obra social— para solicitarle bajo la condición del secreto profesional el acceso a la historia clínica que respalde el certificado que se ha emitido. O en su defecto realizar alguna pregunta puntual sobre la salud del vacunado”.
De todos modos, para avanzar con la quita de la matrícula de un profesional de la salud debe existir una demanda judicial en la que se aporte la prueba pertinente. Eventualmente un juez debería determinar si el profesional médico actuó de manera dolosa y dictar un fallo, detalla Clarín.
Pensarlo dos veces
Para este segmento de la vacunación en la Ciudad, el Gobierno calcula que los inscriptos —personas de entre 18 y 59 años con comorbilidades— serán alrededor de 145.000.
Además del control posterior de los certificados, habrá una primera barrera al momento de la inscripción, cuando los interesados deberán completar una declaración jurada describiendo la patología.
Si bien esta doble barrera no asegura que no se presenten certificados truchos, se espera que las sanciones desalienten a quienes estén pensando en recurrir a este método para acceder a una vacuna, especialmente a los profesionales de la salud, que estarían poniendo en juego su nombre y su carrera.