La magistrada Martina Forns dictó la medida cautelar que impide las operaciones nocturnas en el aeropuerto bonaerense.


Entidades sin fines de lucro, integradas por vecinos de El Palomar, presentaron este martes, ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, una denuncia contra la jueza federal Martina Forns, quien dictó la medida cautelar que impide las operaciones nocturnas en el aeropuerto de esa localidad en el oeste del Conurbano bonaerense.

La denuncia a la magistrada es por “faltar al deber de dirigir el proceso; por no otorgar debida fundamentación en sus sentencias; de no ser imparcial; omitir prevenir y/o sancionar y por mal desempeño de sus funciones”, según la presentación, a la que accedió agencia Télam.

Los denunciantes son la sociedad de fomento La Rotonda, el Club Atlético El Palomar; el Grupo Scout Niño Jesús y el Museo El Palomar de Caseros.

La presentación judicial incluye un pormenorizado relato sobre la sucesión de los hechos desde la primera resolución restrictiva de Forns, en enero de 2018, y de cómo ésta quedósin efecto tras una audiencia pública por disposición del juez Néstor Pablo Barral.

En su decisión, el juez tomó en cuenta informes sobre la actividad aérea en esa terminal, que determinaban que “la medición de ruidos durante las 24 horas y dentro de las aulas, cumple con los requisitos normativos técnicos del caso, sin daños”.

Desde ese momento, y durante un año, el aeropuerto “comenzó a operar con normalidad y en modalidad H24 (las 24 horas del día) en virtud del correspondiente acto administrativo que, de manera paralela y previa al levantamiento de la medida” dictó la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC)”, señala el texto.

El aeropuerto de El Palomar operó durante casi un año y medio hasta el 26 de septiembre de 2019, acumulando 111 años de actividad sin limitaciones, indica la denuncia y aclara que sólo desde 2010 hasta abril de 2018 no funcionó de noche por falta de presupuesto para las Fuerzas Armadas, y no por una restricción.

Según consta en la presentación, “los hechos y antecedentes que elucida la propia magistrada, para luego hacer lugar al pedido, demuestran no sólo su inactividad jurisdiccional, sino que ha permitido que sea dañada su investidura”.

“Esto nos provoca enormes interrogantes que no podemos explicar porque evidencia una sucesión de graves deficiencias de legalidad, prueba y argumentación que trasuntan incumplimientos legales y una lesión a la tutela judicial efectiva”, sostienen las entidades.

Asimismo, acusan a la jueza en cuanto a que “limita una herramienta para el desarrollo armónico de la Nación (art. 75 inc. 19 CN) y se olvida de los habitantes y ciudadanos que necesitan viajar rápido, barato y seguro desde y hacia Buenos Aires”.




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