Grupos de especialistas se encuentran estudiando los alcances y la reglamentación de la normativa


La ley promulgada el viernes que obliga al Gobierno bonaerense a  utilizar la frase “dictadura cívico-militar” y la cifra “30 mil desaparecidos” en los actos oficiales ya está generando malestar dentro de la gestión de María Eugenia Vidal.

Según publica Infobae, Vidal y sus funcionarios analizan la reglamentación y el alcance de la ley. “Son cinco líneas que no explican ni cómo debe cumplirse ni, por ejemplo, que organismo debe regularlo, y cercena la libertad de expresión”, sostuvieron fuentes del Gobierno.

Incorpórase de manera permanente en las publicaciones, ediciones gráficas y/o audiovisuales y en los actos públicos de gobierno, de los tres poderes de la provincia de Buenos Aires, el término Dictadura Cívico-Militar, y el número de 30.000 junto a la expresión Desaparecidos, cada vez que se haga referencia al accionar genocida en nuestro país, durante el 24 de marzo de 1976 al 9 de diciembre de 1983″, sostiene la ley.

El proyecto fue votado por la mayoría del Senado bonaerense y ratificado en Diputados por todo el bloque oficialista con la excepción de Guillermo Castello (Coalición Cívica), quien sostuvo que la ley “es fascista, es estalinista, están imponiendo una verdad absoluta y clausurando el debate. El que disiente se pone además al Estado en contra”.


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