OPINIÓN - Por Oscar Rondán


Una de las áreas de trabajo de esta organización política es la territorial, donde cotidianamente se observan los efectos de la crisis económica que se viene arrastrando desde la implementación de las políticas neoliberales de la gestión de Gobierno de Mauricio Macri, y que hoy se ve agravada por el freno repentino en la actividad económica producto del COVID-19.

El Ejecutivo Nacional y Provincial han puesto en marcha un conjunto de políticas sociales y económicas orientadas a los sectores populares, pero a nivel local se observa una fuerte desinformación y atomización en la ejecución de dichas medidas.

“Los barrios carecen de conexión y herramientas informáticas para poder tramitar la ayuda y los bonos que brinda el estado nacional y el estado provincial. Nos encontramos con familias que no tienen acceso a la información y quedan afuera de las prestaciones económicas. Conjuntamente con otras organizaciones que conforman el Frente De Todos, hemos implementado una sistematización de llamados telefónicos previos a los horarios de inscripción y cargas que brinda el ANSES para acceder a las diferentes medidas. Es fundamental que esos recursos económicos que tanto necesitan las familias lleguen en tiempo y forma, ya que luego van a parar a los comercios de nuestra ciudad y así se empieza a mover nuevamente el circuito productivo local.”.

Desde el Frente Patria Grande se lanzó el Plan General San Martín, que propone la generación de 4 millones de puestos de trabajo organizados en módulos que contienen una caracterización de las problemáticas mas urgentes y herramientas para abordarlas y solucionarlas generando puestos de trabajo, inclusión y optimización de los recursos del Estado.

Continuando con las áreas de trabajo, la perspectiva de género transversalizada al interior de la organización en una apuesta central y permanente del Frente Patria Grande. La Mala Junta, colectiva feminista de este espacio político, ha instalado a nivel nacional y en la localidad la “Línea Violeta” a través de la recepción de llamadas o WhatsApp al 2281 507089, para realizar acompañamientos y brindar asesoramiento a mujeres y disidencias que sufren violencia de género.

Al respecto, Sofía Kuitert, referenta de este espacio señalo: “La violencia de género va en aumento y se recrudece por la situación de encierro. En Argentina ocurrieron 117 femicidios en lo que va del 2020 y 49 de ellos se dieron entre el 10 y el 20 de Mayo. Es urgente la declaración de emergencia en violencia de género que implique la asignación de presupuesto para prevención y acompañamiento de personas que sufren este tipo de violencia en cuanto a derechos esenciales, hoy vulnerados en plena crisis sanitaria por la pandemia, como: salud, alimentación, vivienda y trabajo.”

La apuesta es mejorar la articulación entre las instituciones del Estado que intervienen en la problemática y las organizaciones sociales y políticas que realizan el abordaje primario y comunitario, para romper con las barreras económicas, institucionales y sociales de acceso de estas personas a dichas instituciones especializadas.

A su vez, agrega Kuitert: “Es necesario que todas las medidas estatales debido a la emergencia tengan en cuenta la especial situación de vulnerabilidad en la que se encuentran mujeres y disidencias sexuales. Las personas trans y travestis necesitan de políticas económicas, habitacionales y de salud urgentes por la falta de trabajo e ingreso económico, sin dejar de mencionar el cumplimiento del cupo laboral trans que en la ciudad sigue siendo una deuda pendiente.”.

La economía popular es otro de los sectores sobre los que el Frente Patria Grande tiene gran recorrido a nivel nacional y también local, son miles los puestos de trabajo inventados por los excluidos del sistema que necesitan una pronta formalización y mejoramiento de las condiciones laborales en cuanto a derechos tanto para les trabajadores como su familia.

Las tareas de cuidado que funcionan en muchos barrios populares, las actividades socio-comunitarias de inclusión, atención a las adicciones y violencias familiares, espacios de merenderos y comedores que asisten a decenas de familias en nuestra localidad y a miles en el país, son fotografías que vemos desde hace mucho y que requiere de cambios estructurales para superar estas problemáticas.

Las compañeras mujeres organizadas en cooperativas socio-comunitarias realizan estos trabajos en los barrios y es necesario el mejoramiento de sus condiciones laborales para poder llegar a mas vecinos y soluciones. Las cooperativas y grupos de trabajo de construcción también requieren de acceso al trabajo y condiciones dignas del mismo, para lo cual el Estado tanto municipal, como provincial y nacional, deben incluir en la obra publica la mano de obra de dicho sector, por contar con experiencia, por estar ya organizado y por la necesidad económica que lo apremia.

Otro actor importante de la economía popular son las organizaciones que se encargan del cuidado del ambiente y el reciclado, compañeros y compañeras que recorren las calles de nuestra ciudad juntando cartón, papel, plásticos, latas que son acopiadas, acondicionadas y vendidas generando puestos de trabajo y conciencia sobre los cuidados del ambiente y la salud; es urgente el mejoramiento de sus condiciones laborales y el acceso a herramientas de trabajo e infraestructura para que la autogestión sea eficiente y optimice los recursos económicos con los que se cuenta.

La producción de alimentos es central en estos momentos, miles de productores de la agricultura familiar vienen demandando e impulsando políticas publicas para el desarrollo de este sector en clave de “Soberanía Alimentaria”; cooperativas y organizaciones de productores familiares se encargan de brindarnos día a día alimentación sana y a precio justo, y esto requiere de políticas publicas que pongan en agenda sus problemáticas ya que la pandemia está mostrando la grave crisis que hay en materia de acceso a la alimentación saludable y poder contar con nuestros productores, acerca soluciones concretas generando puestos de trabajo y mejorando el acceso a los alimentos.

Programas como Pueblo a Pueblo, que acerca a los consumidores y productores generando vínculos de información, apoyo y visibilidad, son fundamentales para pensarnos en “Soberanía Alimentaria”, “precio justo” y “consumo responsable”.

Por ultimo y no por ello menos importante, es la situación habitacional de Azul. Los alquileres ya no se pueden soportar, si bien se aprobó la ley de alquileres, lo cual es un alivio para un sector de la sociedad, seguimos con problemas habitacionales estructurales, con barrios sin una urbanización planificada, sin acceso a los servicios públicos indispensables para la vida y la higiene de las familias y esta situación se agrava en estos momentos de pandemia ya que en los barrios populares de Azul, el censo del renabap arrojo un porcentaje importante de familias hacinadas en viviendas precarias, tanto desde lo edilicio como desde lo legal.

Contar con trabajadores ya organizados en cooperativas de construcción, con una ley para la urbanización de estos barrios y con experiencias de organización en los mismos demanda ya la predisposición del estado municipal a que se siente a trabajar y planificar conjuntamente los pasos a seguir para una pronta solución.

Desde el Frente Patria Grande, en el Frente de Todos, apostamos a la unidad, la solidaridad y el trabajo mancomunado para darnos soluciones en estos momentos tan difíciles que nos toca atravesar y sabiendo que de esto solo no nos salvamos, que lo lograremos de manera colectiva.




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