El fallecido Carlos Menem reconoció un patrimonio de solo $7,5 millones, según la última declaración jurada presentada como senador ante la Oficina Anticorrupción, lo que lo convierte en el menos acaudalado de los ex mandatarios de la Cámara alta hasta estos días.
Tuvo una condena por la venta del predio de Palermo a la Sociedad Rural y por la supuesta omisión de cuentas bancarias en Suiza, entre otras causas que afrontó en las últimas dos décadas.
En la última rendición de cuentas de la Oficina Anticorrupción, del ejercicio 2019, los contadores de Menem declararon 26 lotes en Chilecito, La Rioja, de solo un metro cuadrado cada uno, que ingresaron a su patrimonio en abril de 1978 y que fueron valuados entre $700 y poco más de $347.000, según el valor fiscal de cada uno, que el ex presidente se declara propietario del 50%. Son terrenos, según una investigación del diario “La Nación” en el 2017, que nunca utilizó y que fueron ocupados en el momento en que estuvo preso, en la dictadura.
En la DDJJ no está declarada ni la casona La Rosadita de Anillaco, que sería propiedad de Zulemita, ni la vivienda del barrio porteño de Belgrano, sobre la calle Echeverría, donde pasó los últimos tiempos.
Según la presentación, Menem era además propietario de dos autos: un Peugeot 405 y un Toyota Corolla del 2007, una moto de baja cilindrada valuada en solo $7.300, obras de arte y colección que ingresaron al patrimonio en 1999 por $1 millón y dinero en efectivo por poco más de $3 millones.
Además de acciones de empresas telefónicas que fueron “donadas por la empresa telefónica” en 1991, después de las privatizaciones, valuadas en poco menos de $200.000.
En septiembre del 2013, por uno de los tantos procesos que tuvo que enfrentar por su gestión al frente de la Presidencia durante la década del ’90, el Tribunal Oral Federal 4 de la ciudad de Buenos Aires absolvió al ex mandatario en el juicio por el que fue investigado por haber omitido declarar cuentas bancarias en Suiza y otros bienes.
Había sido imputado por los delitos de omisión maliciosa de declaración jurada, falsedad ideológica e incumplimiento de los deberes de funcionario público, a raíz de un informe presentado en el 2000. Pedro Baldi y Omar Daer, abogados defensores del ex presidente, habían advertido que la acusación estaba prescripta, y pidieron el sobreseimiento.
