En el marco de la segunda ola de contagios de coronavirus, el Gobierno nacional presentó un escrito con los argumentos que tuvo en cuenta el presidente Alberto Fernández al realizar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en el que se tomó como medida la suspensión de clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
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El documento de 113 páginas fue presentada esta medianoche, antes de que venza el plazo el próximo 30 de abril, por el Procurador Nacional del Tesoro, Carlos Zannini, en conjunto con los abogados del Estado Nacional e integrantes del equipo jurídico de la jefatura de Gabinete.
La presentación incluye, también, un informe elaborado por el Ministerio de Salud con los datos epidemiológicos y los indicadores en los cuales se basó el Gobierno Nacional para dictar las medidas de restricciones en el AMBA que cuestionó la administración porteña.
“El fundamento principal por el cual se suspendió la presencialidad de las clases por 14 días no fue únicamente la posibilidad de contagios que podrían haberse producido dentro de las escuelas. Sino el hecho de que la asistencia a dichos establecimientos genera una gran movilidad de personas”, expone el escrito.
En este sentido, explica: “La restricción no tiene por objeto afectar el derecho de educación, como malintencionadamente alega la actora (por la Ciudad), sino disminuir la circulación, lo que necesariamente conlleva la restricción de determinadas actividades que implican la concentración de personas; así como también, suspender por un plazo temporal la presencialidad de las clases”.
“Si para el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires se dejara sin efecto la medida dispuesta por el DNU 241/2021 ello impactaría necesariamente en la región geográfica de la Provincia de Buenos Aires próxima a aquella. Ello, pues de ese modo aumentaría la circulación de personas entre las jurisdicciones involucradas y se incrementaría la velocidad en el crecimiento de los contagios, poniendo en riesgo la salud de la población”, sostiene el Gobierno.
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Asimismo, el documento presentado indica que la gestión que lleva adelante Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires se trata de “una mirada negacionista de la realidad y de la grave situación que representa la pandemia”.
“Es obligación del Gobierno federal velar por el derecho a la vida de los habitantes del país y es exclusivamente en pos de ello que se adoptan las medidas necesarias para estabilizar el sistema de salud y evitar su colapso”, sostuvieron.
Además, apuntaron que “no alcanza con la presencialidad cuidada individualmente (...) se tornan necesarias medidas colectivas. La información aportada (por el Gobierno) es contundente para demostrar la gravedad de la situación sanitaria, la que está siendo minimizada por la Ciudad con una indiferencia por las vidas en juego que no pasará inadvertida”, advirtieron.
“Cabe destacar que, de todos modos, actuando ilegítimamente, el Gobierno porteño no está cumpliendo con el decreto y sostiene en los hechos la modalidad presencial de las escuelas. Con lo cual no existe ningún tipo de peligro en la demora para la Ciudad”, fundamentaron en el escrito.
En esta linea consideraron que “resulta incoherente desde una perspectiva no solo jurídica, sino también política e institucional, que en este momento crucial en que la situación epidemiológica se agravó con motivo de la segunda ola de contagios, el Gobierno de la Ciudad impugne esta medida, cuando durante el año pasado consintió otras de igual tenor o aún más intensas en un escenario más benevolente”.
Para finalizar, el escrito de la Casa Rosada le pide a la Corte Suprema de Justicia que “rechace tanto el pedido de medida cautelar” del Gobierno porteño como la “demanda interpuesta”.
