El Gobierno hizo este martes una férrea defensa de su proyecto para legalizar la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) hasta la semana 14 de gestación y respondió preguntas de legisladores de diversos partidos, que están a favor y en contra de la iniciativa.
El ministro de Salud, Ginés González García, dijo que proyecciones de su cartera permiten observar que el costo anual que generan los tratamientos hospitalarios por abortos clandestinos y mal realizados asciende a los 51.902 millones de pesos al año en la Argentina.
Y precisó que si se legalizara el procedimiento y se hiciera en base a medicamentos, el costo caería a 5.907 millones de pesos. “El aborto clandestino genera a los sistemas de salud públicos y privados diez veces mayores a los que demandaría el procedimiento legal”, dijo.
O si los procedimientos se hicieran contemplando todos los servicios médicos a disposición en el sistema de salud, suponiendo que se demande internación, la cifra se elevaría a 9.287 millones de pesos, de acuerdo con precios de octubre de 2020.
González García aclaró que el tema económico y de ahorro en el financiamiento no es la motivación que lleva al Gobierno a avanzar con este proyecto, sino que se trata de una cuestión estrictamente de salud pública y para bajar la mortalidad de las mujeres.
También dijo que los valores son los que reporta el sistema público de salud. “Los que proveen los servicios asistenciales son las provincias”, dijo al señalar que el ahorro en los costos para todo el sistema de salud terminaría beneficiando a las cajas que administran los gobernadores.
El precio del Misoprostol
El funcionario dijo que como plafón de esta iniciativa, además del cuidado de las salud de las mujeres, hay una cuestión de “justicia social”, porque el aborto inseguro no afecta por igual a las personas con distintos tipos de ingresos.
El ministro precisó que hoy el estado paga $2.800 por cada dosis de Misoprostol. “Ese costo va a ser notablemente reducido porque tenemos una oferta del Fondo de Población para que la dosis completa para un tratamiento tenga un precio de $400”, explicó.
El misoprostol es un medicamento que produce contracciones uterinas y por ello se usa para provocar el aborto. Permite a las mujeres y a todas las personas con capacidad de abortar realizarse un aborto seguro en sus casas, sin necesidad de internación.
“El misoprostol en farmacias está $6.400. Y si se usa la combinación previa, que era de uso gástrico y se aplicaba para inducir el aborto, vale $10.000. Con eso quiero decir que la barrera de accesibilidad económica es bien alta”, señaló González García.
Otros países
El funcionario dijo que hay evidencia científica en el mundo que permite afirmar que la legalización del aborto baja o elimina las muertes de mujeres por este procedimiento. “Uruguay no tuvo ninguna muerte desde que aplicó este procedimiento”, dijo.
El 27 de diciembre de 2011 la Cámara de Senadores del Uruguay aprobó un proyecto de ley para la despenalización del aborto. El texto del proyecto indica: Toda mujer mayor de edad tiene derecho a decidir la interrupción voluntaria de su embarazo durante las primeras 12 semanas del proceso gestacional. Y en octubre de 2012, lo legalizó.
En ese sentido, la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, comentó sobre ejemplos de otros países que han decidido legalizar la IVE y lograron bajar los niveles de mortalidad femenina, ya desde hace muchos años.
“Países que han resuelto esto y han bajado enormemente la tasa de mortalidad y afectación de salud de las mujeres con la legalización el aborto: Alemania, España, Italia, Canadá, Estados Unidos, Portugal, Ciudad de México, Uruguay, Bélgica, Suecia, Países Bajos y muchísimos más”, puntualizó.
Esos países, dijo Ibarra, “se hacen cargo de que el aborto existe y que en vez de invisibilizarlo o hacer una persecución penal, dan cuenta de ello”.
Días para el procedimiento
Al ser consultado por legisladores, González García explicó que el Gobierno decidió extender de cinco a diez días el plazo máximo para la realización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo a partir de la decisión individual para evitar que complicaciones burocráticas dilaten la atención de las mujeres.
“Si hay un fin de semana después de solicitar la IVE y el médico expresa objeción de conciencia, la mujer podría quedarse sin alternativas por mucho tiempo”, consideró el ministro de Salud ante la Cámara baja.
No obstante, señaló que en el país hay 8.000 centros de salud públicos que están realizando políticas de salud reproductiva y haciendo consejería para paliar lo que aún falta por la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral.
¿Desde cuándo hay vida para el Gobierno?
González García dijo que el mundo ha resuelto la idea desde cuando se considera persona a un humano, lo que “no se tramita” en este tipo de leyes. “Vida tienen un óvulo y un espermatozoide, obviamente siempre hay vida. Pero no es eso lo que se trata acá”, dijo González García.
“No se olviden que en el mundo hay religiones que prohíben la masturbación masculina porque consideran que se pierden vidas”, dijo.
Y agregó: “Acá no hay dos vidas, como dicen algunos. Hay una sola persona y lo otro es un fenómeno que no está correctamente bien utilizado. Sino fuera así estaríamos ante el mayor genocidio universal”.
