El presidente Alberto Fernández deberá elegir próximamente y enviar al Senado un postulante para ocupar un cargo vacante de juez en la Sala II de la Cámara Federal porteña y entre los tres posibles está uno de los ex abogados de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La elección que deberá hacer Fernández se dará después de que este jueves el Consejo de la Magistratura aprobara la terna. Fue en una votación del plenario del órgano judicial para el concurso 412.
El Consejo dispuso primero el retorno del juez Eduardo Farah a la Cámara Federal y luego aprobó las ternas de candidatos para completar ese tribunal, que es la segunda instancia de los juzgados federales de Comodoro Py y tramita causas por corrupción.
Tras una votación que resultó con ocho votos a favor, dos en contra y dos abstenciones, el Consejo giró al Poder Ejecutivo para la continuidad del trámite el pedido aprobado por el juez Farah.
Farah pidió dejar su vacante en el Tribunal Oral Federal 2 de San Martín a donde llegó en 2018 en medio de fuertes tensiones con el macrismo, y volver a la Cámara Federal, puesto para el que concursó en su momento.
Alberto Lugones, presidente del Consejo, dijo en su exposición que Farah había tenido que pedir el traslado a San Martín por “una campaña muy pesada en los medios: lo llamaban a la casa y le decían a su hijo que su padre era un delincuente”.
Farah y quien resulte electo de la terna irán a ocupar entonces el lugar que dejaron Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, cuyos traslados por decreto durante el gobierno de Mauricio Macri fueron rechazados por el Senado tras una resolución mayoritaria de la Magistratura.
La terna para completar la Sala
Los tres jueces que la Magistratura enviará al Poder Ejecutivo para completar la Sala II de la Cámara Federal son, según el orden de mérito establecido en el documento oficial:
El primero es Diego Alejandro Amarante, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 5 desde febrero de 2015. Se trata de un magistrado que guarda cierta equidistancia del poder, tanto con el oficialismo como con el opositor Juntos por el Cambio.
Amarante firmó un fallo con el que rechazó un pedido para sobreseer a Gianfranco y Mariano Macri, hermanos del expresidente, en una causa por lavado de dinero que se inició por los Panama Papers. Y a su vez fue denunciado por el kirchnerismo. Ricardo Echegaray lo denunció ante la Magistratura por el presunto mal desempeño en la causa por la presunta compra irregular de un auto para un representante diplomático de Taiwan en el país.
El segundo en orden de mérito para la Magistratura es Roberto Boico, quien supo ser el abogado de Cristina Fernández de Kirchner en la causa por la firma del memorándum con Irán que se originó por la denuncia del fiscal Alberto Nisman.
Boico, quien también se desempeñó como conjuez de la sala 1 de la Cámara Federal de Casación Penal, fue dos veces a 678 a defender a los gobiernos kirchneristas. También estuvo en canales de cable como TN y CN23 con el mismo rol.
Asimismo, según el propio currículum del abogado, también fue empleado jerárquico del Senado, nombrado por Amado Boudou. Como conjuez, llegó a criticar a Claudio Bonadio en la causa Hotesur, en la que fue procesada Cristina.
Y completó la terna el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, a quien el Gobierno quiere poner en realidad en el Juzgado Federal 1 de La Plata, con competencia electoral en toda la provincia de Buenos Aires.
No es solo una intención, sino un proyecto administrativo que avanza. El Poder Ejecutivo envió el 27 de noviembre al Senado el pliego de Ramos Padilla para ocupar ese juzgado en la capital bonaerense. Su nombre surgió de una terna aprobada por el Consejo de la Magistratura en abril de 2019, cuando gobernaba el macrismo.
Ese pedido fue firmado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la ministra de Justicia, Marcela Losardo, para ocupar el cargo que está vacante desde 2014, cuando murió el juez federal Manuel Blanco.
Ramos Padilla, de cierta simpatía por el oficialismo, se desempeña desde el 2011 como juez federal de Dolores y allí tramita una de las causas por presunto espionaje ilegal de la Agencia Federal de Inteligencia durante el macrismo.
Este magistrado proceso en esa causa el miércoles a los extitulares de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, como presuntos coautores de “acciones de inteligencia prohibidas” y “abuso de autoridad” por presunto espionaje ilegal en la provincia de Buenos Aires.