Fuentes y Rossi calificaron de hecho casi inédito en la historia jurídica argentina que un fiscal haya sido declarado en rebeldía.


Los legisladores nacionales del kirchnerismo pidieron la suspensión preventiva del fiscal federal Carlos Stornelli luego de que fuera declarado en rebeldía por el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, quien investiga una presunta asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal, la extorsión y la coacción.

El pedido al interino procurador general de la Nación, Eduardo Casal, la hicieron en conferencia de prensa en el Senado los jefes de los bloques legislativos del kichnerista Frente para la Victoria (FPV), el senador Marcelo Fuentes y el diputado Agustín Rossi.

Según explicaron, el pedido para que Stornelli sea suspendido preventivamente hasta que se presente a declarar lo hicieron ante la prensa debido a la supuesta negativa del oficialismo desde hace alrededor de un mes de constituir la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal.

La solicitud del kirchnerismo sucedió a la decisión del juez Ramos Padilla de declarar en rebeldía a Stornelli luego de que el fiscal a cargo, entre otras, de “la causa de los cuadernos”, no asistió ayer a la cuarta citación que le hizo el magistrado de Dolores para indagarlo sobre su aparente participación en una asociación ilícita.

En esa causa Ramos Padilla dictó ya la prisión preventiva del falso abogado Marcelo D’Alessio, sobre quien reunió pruebas de su participación en una asociación ilícita y de su relación en la misma con el fiscal Stornelli.

Fuentes y Rossi calificaron de “hecho casi inédito en la historia jurídica argentina” que un fiscal haya sido declarado en rebeldía; pidieron que sea suspendido “hasta que se ajuste a derecho concurriendo a la indagatoria”, y sostuvieron que su negativa “aumenta la falta de credibilidad en la justicia”.

En este último sentido recordaron el discursos del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, cuando hace unos días en la apertura del año judicial reconoció la falta de legitimidad del Poder Judicial producto de la pérdida de credibilidad ante la sociedad.

Negaron, por otra parte, que detrás del pedido esté la intención de afectar el avance de “la causa de los cuadernos” en la que aparece centralmente investigada la expresidenta y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner.






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