No tienen permitido el uso de dispositivos móviles aunque en algunas provincias la situación es distinta.


Tras la viralización del video del penal mendocino Almafuerte, en el que se ve a algunos presos torturando y filmando a otro recluso de 25 años que cumple una condena por abuso sexual, el uso de los celulares en las cárceles se convirtió en el eje de la polémica.

En ese sentido, la normativa exige a los reclusos no tener elementos electrónicos no autorizados, como lo son los teléfonos celulares. Asimismo, los familiares de los internos no pueden ingresar equipos móviles o elementos de comunicación personal o los destinados al almacenamiento, captación o reproducción de imágenes, sonidos o textos.

Así lo establece el inciso C del artículo 18 del Decreto 18/97 y el F del artículo 22 del Decreto 1136/97 con el que el gobierno de Carlos Saúl Menem reglamentó ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad nº 24.660.

Además, ese inciso del artículo 18 también establece que se trata de una “infracción grave”.

En relación a las sanciones para ese tipo de faltas y según el artículo 19 del Decreto 18/97, establece: “permanencia en su alojamiento individual o en celda cuyas condiciones no agraven ilegítimamente la detención, hasta quince días ininterrumpidos; permanencia en su alojamiento individual o en celda cuyas condiciones no agraven ilegítimamente la detención, hasta siete fines de semana sucesivos o alternados; traslado a otra sección del establecimiento de régimen más riguroso; traslado a otro establecimiento”.

Fuentes del Servicio Penitenciario Federal dijeron a Vía País que esa disposición responde a que está “terminantemente prohibido” que los detenidos tengan en sus celdas celulares u otros equipos de comunicación con el exterior.

Las reglamentaciones no son las mismas en cada uno de los servicios penitenciarios provinciales. En Santa Fe, por ejemplo, la Secretaría de Asuntos Penitenciarios emitió una Resolución en septiembre de 2017 en la que reguló el uso de celulares.

La normativa avalada por el gobierno del socialista Miguel Lifschitz estableció como “regla general” que “estarán prohibidos los celulares”, pero no para todos los reclusos.

Se estableció entonces que hay “excepciones” para los detenidos (procesados o condenados) que tengan un expediente de “buena conducta” y “no sean considerados de alta peligrosidad” para la población.

En el caso de Río Negro, a partir de enero de este año, se reglamentó el uso de los celulares en las cárceles: hasta dos horas por día y sin acceso a Internet. El Ministerio de Seguridad de esa provincia había anunciado el plan para que los detenidos tengan una acceso muy limitado a los dispositivos móviles.

De acuerdo a las autoridades de Seguridad, los presos utilizan desde las redes sociales hasta las cámaras de fotos para delinquir desde sus celdas, cuestión que motivó a lanzar la nueva normativa.






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