El juez Alberto Osvaldo Recondo, titular del Juzgado Federal N° 4 de la capital bonaerense, hizo lugar a la presentación. El Gobierno apelaría.


La Justicia Federal de La Plata habilitó este martes la feria judicial para el tratamiento de una demanda de un ciudadano contra la suba de tarifas determinada recientemente por el Gobierno nacional.

El juez Alberto Osvaldo Recondo, titular del Juzgado Federal N° 4 de la capital bonaerense, hizo lugar a la presentación y la situación de la causa podría resolverse antes de fin de mes en esta instancia judicial.

Si hay un fallo favorable al demandante, el Gobierno apelaría la medida para defender el cronograma de aumentos en pos de la reducción de subsidios para cumplir la meta de equilibrio fiscal. Ante la consulta de este diario, fuentes gubernamentales dijeron que no estaban “al tanto” de la demanda.

Así las cosas, el caso podría llegar a la Corte Suprema, donde ya hay antecedentes a favor de los usuarios. En agosto de 2016, el máximo tribunal –con otra integración en ese momento- anuló por unanimidad un incremento de tarifas determinado por la coalición Cambiemos al considerar que no eran “justos” ni “razonables”.

Ese expediente también había llegado a la Corte luego de que el tribunal platense diera vía libre al recurso presentado entonces por la Procuración General del Tesoro, aunque con efecto “devolutivo”.

Ahora, la presentación fue realizada por un vecino de la ciudad bonaerense llamado Federico Querio, con el acompañamiento del diputado provincial Guillermo Escudero, del Partido Justicialista.

Querio fue a la Justicia para pedir la “acción preventiva de daños” contra su patrimonio tras verse sorprendido por una factura de 12.000 pesos de la empresa Camuzzi Gas, la mayor distribuidora de la Argentina.

Pocas horas antes de dejar su cargo el ahora ex secretario de Energía Javier Iguacel había anunciado un incremento del 55% acumulado promedio en las boletas de luz para todo el 2019 y un 35% para las facturas del gas.

La presentación de Querio se respalda en el Artículo 1711 del Código Civil y Comercial, que reza: “La acción preventiva procede cuando una acción u omisión antijurídica hace previsible la producción de un daño, su continuación o agravamiento. No es exigible la concurrencia de ningún factor de atribución”.

El objetivo de la demanda es entonces salir en defensa de los usuarios de servicios públicos esenciales “con el objeto de prevenir de manera permanente y hacia el futuro, el riesgo de daño que sufren todos los usuarios que se verán afectados por el incremento ilegítimo de la tarifa de los precitados servicios públicos que fueran recientemente anunciados, por resultar los mismos irracionales y desproporcionados, dado que importan un incremento porcentual de aumento muy superior al incremento salarial”.

El magistrado a cargo de la causa decidió habilitar la feria y le extendió un pedido a la fiscalía federal para que dictamine sobre la procedencia de la acción solicitada por Querio en compañía de su abogada Diana Rocio Asmat Narro.






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