La Sala I de la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento con prisión preventiva de Cristina Kirchner, en la causa de los cuadernos de las coimas. La ex presidenta está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita, responsable de comandar una estructura desde el Estado para la recaudación de fondos ilegales. Frente a este fallo, el juez federal Claudio Bonadio pedirá al Senado su desafuero.
Según se pronunció la Cámara en este fallo, los empresarios "no formaban parte de la organización ilegal", por lo que solo fueron procesados por cohecho.
El Tribunal también confirmó el embargo de 1500 millones de pesos para Cristina, quien además de estar acusada de dirigir dicha asociación ilícita, se la encontró responsable como coautora de recibir dádivas y de cohecho pasivo (cobrar coimas). Para justificar el pedido de su prisión preventiva, Bonadio indicó que tanto ella como los ex funcionarios mantienen "vínculos" con "medios afines, empresarios", y alegó que la ex presidenta "podría entorpecer" la investigación.
Tras confirmar su procesamiento, el magistrado determinó que el hecho de que Cristina no hubiera recibido sumas de "dinero ilegítimas en mano propia" no la exime de "responsabilidades". Así, se dio por comprobada "la existencia de una organización delictiva" planteada por la "recaudación de coimas" que inició con Néstor Kirchner y que "continuó durante la gestión" de la actual senadora, según confirmaron los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.
Respaldando el planteo de Bonadio, para los jueces de la Cámara Cristina tuvo siempre "conocimiento del sistema de recaudación" y como principal autoridad del Ejecutivo es responsable de haber dirigido la "asociación ilícita".
La decisión de Bertuzzi y Bruglia alcanzó también a Julio De Vido y a Roberto Baratta, procesados en carácter de organizadores de la asociación ilícita y cohecho pasivo.
En su resolución, los integrantes del tribunal de apelaciones consideraron que los manuscritos de Oscar Centeno (chofer de Baratta) representan "testimonios de la realidad" y, por ende, de cómo funcionó el sistema para cobrar y distribuir coimas entre 2005 y 2010.
"Los ocho cuadernos escritos por Oscar Centeno entre 2005 y 2010, y nuevamente desde 2013 a 2015, son testimonios de la realidad; el más detallado que se pueda tener sobre una práctica de corrupción enquistada en el corazón del gobierno de la última década. En ellos se relatan infinidad de trayectos por las calles de esta ciudad y del conurbano, cientos de nombres y de lugares, múltiples escenas surcadas por un mismo denominador común: el dinero", sentenciaron.
Por su parte, el "arrepentido" José López, ex secretario de Obras Públicas quedó procesado como miembro de la asociación ilícita y autor de cohecho pasivo, también con prisión preventiva y un embargo de 4.000 millones de pesos.
También se confirmó el procesamiento del ex chofer de Baratta, Oscar Centeno, señalado como miembro de la asociación ilícita, con 4.000 millones de pesos de embargo. Aunque tiene otorgada la libertad por ser el primer "arrepentido" en el expediente.
La lista de procesados:
La Cámara convalidó una larga lista de procesados que incluye a varios empresarios, entre ellos a Ángelo Calcaterra, Carlos Wagner, Carlos Mundin, Luis Betnaza, Gerardo Ferreyra, Armando Loson, Sergio y Alberto Taselli, Néstor Otero, Aldo Roggio y Juan Chediack.
A Wagner y al financista Ernesto Clarens, la Cámara federal les modificó la acusación y los procesó como organizadores de la asociación ilícita. Se les atribuyó varios hechos de cohecho activo, al igual que al empresario Gerardo Ferreyra quien seguirá detenido.
Gerardo Ferreyra (Electroingenería), es el empresario más complicado. Los integrantes de la Sala I de la Cámara Federal lo consideraron como el único de los empresarios que integró la asociación ilícita, y por ello continuará detenido.
"Electroingeniería S.A. habría sido el motor de las rutinarias y cuantiosas entregas de dinero que quedaron reflejadas en las anotaciones de Centeno. Pero ellas poseen un ingrediente especial (…) El dinero que, vía aquella compañía, era girado por Gerardo Ferreyra no puede ser leído bajo la sencilla visión de un retorno por un contrato, sino como el puente que enlazaría la asociación ilícita con cuanto canal pudiera habilitarse para la obtención de fondos", detallaron en la sentencia.
Al resto de los empresarios que estaban acusados de ser miembros de la asociación ilícita y de pagar dádivas, sólo les corresponde el delito de cohecho y ya no el de partícipes de la organización delictiva.
Entre otras decisiones adoptadas por la Sala I, se revocó la falta de mérito que el juez Bonadio había dictado sobre Jorge Neira, Héctor Sánchez Caballero (ex Iecsa), Rodolfo Poblete, Héctor Zabaleta (Techint) y Francisco Valenti. A todos se los consideró partícipes necesarios de la asociación ilícita con varios hechos de cohecho.
Los afortunados que quedaron exentos de la investigación fueron el ex juez Norberto Oyarbide, Javier Fernández y Oscar Parrilli, a quienes los camaristas decidieron dictarles la falta de mérito.
Por orden de la Cámara, saldrán el libertad: Hernán Gómez, Fabián García Ramón, Walter Fagyas, Hernán del Río, Néstor Otero y Juan Carlos Lascurain, entre otros.
¿Cómo fue la maniobra de corrupción?
Según los jueces, se comprobó durante la instrucción que en los años de gobierno kirchnerista se montó un aparato complejo desde el Estado. Sobre esto, se indicó que esta maniobra mostró la existencia de "una organización delictiva conformada por funcionarios públicos, que se valieron de medios oficiales (incluyendo vehículos, empleados, equipos de telefonía celular, etcétera) y que fueron comandados por Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández" entre el 2003 y el 2015.
Según se determinó, durante este período existió un "pacto ilícito en daño de tercero" entre funcionarios y empresarios que hizo "funcionar una maquinaria que le sacaba con procedimientos amañados dinero al Estado Nacional en detrimento de la educación, la salud, los jubilados, la seguridad , que dejaba a los más humildes del pueblo sin cloacas, sin agua corriente (...)".
La finalidad de esta "organización delictiva" fue distribuir "coimas a funcionarios corruptos a cambio de que, por avaricia y codicia, este selecto grupo de empresarios también se llenaban los bolsillos mediante su participación en licitaciones o concesiones sosteniendo el discurso acomodaticio y cobarde, pretendiendo hacer creer que cedían a las presiones, en bien de cuidar sus empresas y los puestos de trabajo".
En los argumentos de los procesamientos que fueron recientemente confirmados, Bonadio había detallado que, para ganar obra pública, la explotación de un corredor vial, una concesión de transporte ferroviario o ser beneficiado con la asignación de subsidios, los empresarios involucrados "entregaban un porcentaje de lo que el Estado Nacional les pagaba a los funcionarios que Néstor y Cristina Kirchner designaban para esos menesteres a fin de recibir esos "retornos" o "coimas".
Según la resolución judicial, los fondos pagados por el Estado por esas contrataciones "estaban inflados en perjuicio del conjunto de los argentinos" y la finalidad de todo fue "enriquecer ilícitamente a funcionarios y empresarios corruptos".
Todo lo recaudado con estos sobornos era utilizado para "sufragar de manera ilegal actividades de naturaleza electoral, o vinculadas a la gestión política del gobierno y de organizaciones satélites".
Durante la instrucción, también se determinó que parte de esos fondos se "desviaron para comprar voluntades del Poder Judicial o funcionarios que supieron trajinar algún organismo vinculado a tareas de inteligencia política", pero se remarcó que esencialmente la mayor porción de los fondos fueron destinados a "engrosar de manera espuria e ilegal, el patrimonio personal de quienes entre los años 2003 y 2015 ocuparon los más altos cargos del País".