Viene siendo negociada intensamente desde hace 72 horas, pero el texto aún está en discusión.


El acuerdo es sólo de palabra. No hay nada más que garantice efectivamente que el martes 18 se realice la sesión extraordinaria de Diputados para darle media sanción al proyecto de ley antibarras.

Varios diputados consultados por Vía País dijeron que ven un panorama negro: si no se aprobó el jueves pasado, es que este proyecto, pedido especialmente por el presidente Mauricio Macri, no se volverá a tratar en la Cámara Baja hasta marzo.

Sin embargo, otros resaltan que hay un compromiso explícito del peronismo, el massismo y el kirchnerismo de trabajar en un texto de consenso y concurrir dentro de dos semanas al recinto. Inclusive, inflan el pecho y vaticinan una aprobación por unanimidad.

El jueves, tras un acuerdo generalizado, Diputados decidió no votar el proyecto de ley contra los barrabravas, que figuraba en el temario de la sesión, debido a numerosas diferencias sobre la redacción y el contenido, y postergaron el debate para el día 18.

La determinación de Diputados significa que este año no habrá ley antibarras: los senadores ya avisaron, aunque Diputados apruebe el proyecto el martes 18, ellos no tienen ni tiempo ni ganas de reunirse para tratarlo después del miércoles 12, cuando harán su propia y única sesión de extraordinarias, tras la cual cerrarán la persiana y se irán de vacaciones.

En Diputados la ley viene siendo negociada intensamente desde hace 72 horas, pero el texto aún está en discusión.

El éxito dependerá del trabajo que realicen en los próximos días los asesores y los diputados involucrados con este asunto, como la radical Gabriela Burgos, presidenta del plenario de las comisiones de Legislación Penal y Deportes; las massismas Carla Pitiot y Vanesa Massetani; los kirchneristas Daniel Scioli y Adrián Grana, y la justicialista Carolina Moisés, entre otros.

La ley que endurece los castigos a los barrabravas no sólo es pretendida por la Casa Rosada sino también por la dirigencia política y la opinión pública.

El disparador fue el ataque al micro que trasladaba al equipo de Boca al Monumental para la final de la copa Libertadores, como consecuencia del cual varios jugadores xeneizes terminaron heridos y el partido se suspendió dos veces y se jugará este sábado en Madrid.

El gobierno de Macri ya había presentado la iniciativa en agosto de 2016, pero como el Senado, cámara por la cual había ingresado, nunca la trató, perdió estado parlamentario.

Deportado

En este contexto, la policía española resolvió el jueves deportar a la Argentina a Maxi Mazzaro, uno de los más peligrosos barrabravas de Boca, luego de que aterrizó en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

La deportación se dispuso debido a sus “numerosos antecedentes penales”. A su llegada a Buenos Aires, afirmó que su intención no era ir al estadio Santiago Bernabéu para presenciar la final, sino que “iba de vacaciones a pasar la Navidad a Barcelona” con su familia.

El proyecto en discusión en la Cámara de Diputados tiene por objeto justamente la prevención de hechos violentos y la sanción de delitos cometidos con motivo o en ocasión de la realización de espectáculos futbolísticos en todo el territorio nacional.

Castiga con distintos tipos de penas a quienes porten armas en espectáculos deportivos; ocasionen avalanchas; ejecuten agresiones o intimidaciones; obstruyan el tránsito; y revendan entradas; con agravantes si sus perpetradores son barrabravas o dirigentes.

Trapitos

Respecto de los cuidacoches, la iniciativa establece prisión de 1 a 6 meses a la persona que, cuando se desarrollen partidos de fútbol, ofrezca el servicio de cuidado de vehículos sin autorización, con pago a voluntad, en las inmediaciones del estadio, hasta 2 kilómetros de distancia, mientras que la pena será de prisión de 2 a 4 años cuando esa actividad se desarrollare con exigencia de una suma de dinero, fija o variable.

La actividad de los cuidacoches es una de las principales fuentes de ingreso clandestino de los barrabravas.

En este sentido, esta semana Vamos Juntos, el oficialismo de la ciudad de Buenos Aires, avanzó en el tratamiento de un proyecto que, entre otros puntos, prevé penas de arresto a los trapitos y considera como un agravante que esa actividad sea coordinada en grupos.

Los cambios están enmarcados en el proyecto de modificación del Código Contravencional, que el martes pasado había obtenido dictamen de comisión. En consecuencia, la iniciativa podrá ser debatida en la Legislatura porteña en la última sesión del año, el jueves 13 de diciembre.






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