Un mamarracho y a las apuradas, así no. Esa fue la principal conclusión de los diputados para decidir este jueves, tras un acuerdo generalizado, no votar el proyecto de ley contra los barrabravas, debido a numerosas diferencias sobre la redacción y el contenido, y postergar su debate en el recinto para el martes 18.
La determinación de Diputados significa que este año no habrá ley antibarras: los senadores ya avisaron que no hay ni tiempo ni ganas de reunirse para tratarla después del miércoles 12, cuando harán su propia y única sesión de extraordinarias, tras la cual cerrarán la persiana y se irán de vacaciones.
Mauricio Macri le había reclamado especialmente al Congreso que aprobara la ley antes del viernes 21, cuando vence el período de sesiones extraordinarias. Pero todo parece indicar que los legisladores no cumplirán su deseo, inclusive tras el escándalo por la doble suspensión de la final River-Boca de la copa Libertadores, que ahora deberá jugarse en Madrid, por falta de garantías para la realización del partido en Buenos Aires.
El reglamento del Senado, además, establece que un proyecto no puede ser debatido en el recinto sin que hayan pasado siete días entre la firma del dictamen y la sesión.
Con ese argumento, el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo (PRO), salió ayer a avisar que el proyecto no se tratará en diciembre: si hay media sanción de Diputados el martes 18, la Cámara Alta no podrá reunirse para tratarla el 19 ni 20, porque no habrá dictamen de comisión.
Pinedo dijo que en el mejor de los casos el Senado debatiría la eventual media sanción de la ley antibarras recién en febrero, siempre y cuando el Presidente haya convocado a sesiones extraordinarias para ese mes, o bien en marzo, ya en sesiones ordinarias.
Sin acuerdo
Este jueves a la mañana el proyecto había obtenido dictamen favorable de las comisiones de Legislación Penal y Deportes de la Cámara Baja y figuraba en el temario de la sesión especial. Pero lo cierto es que la iniciativa no había terminado de ser consensuada.
Varios diputados admitieron que la firma de dictámenes tuvo únicamente un fin práctico, el de no tener que introducir el proyecto sobre tablas en la sesión, porque en tal caso se hubieran requerido los dos tercios de los votos, lo que ponía a la iniciativa en riesgo de caer.
Pero el texto siempre estuvo en discusión y jamás estuvo acordado del todo. De hecho, la mitad de las firmas del dictamen fueron en disidencia e, inclusive, de varios cambiemistas: los radicales Luis Petri, Martín Hernández y Josefina Mendoza, las lilitas Paula Oliveto y Marcela Campagnoli y los macristas Jorge Enríquez y Fernando Iglesias.
También firmaron en disidencia la peronista sanluiseña Ivana Bianchi, el democristiano cordobés Juan Brügge, la misionera Verónica Derna y los justicialistas Danilo Flores (La Rioja) y Mayda Cresto (Entre Ríos).
El Frente para la Victoria, por su parte, presentó un dictamen en minoría.
En ese paisaje de dispersión, nada garantizaba que en la tarde de ayer el proyecto fuera a aprobarse.
Detalles
El dictamen del proyecto, impulsado con fervor por Macri y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tiene por objeto la prevención de hechos violentos y la sanción de delitos cometidos con motivo o en ocasión de la realización de espectáculos futbolísticos en todo el territorio nacional. Y para ello, por ejemplo, transforma en figuras penales a conductas que hoy constituyen meras contravenciones.
Castiga con distintos tipos de penas a quienes porten armas en espectáculos deportivos; ocasionen avalanchas; ejecuten agresiones o intimidaciones; obstruyan el tránsito; y revendan entradas; con agravantes si sus perpetradores son barrabravas o dirigentes.
La propuesta establece que el Ministerio de Seguridad "podrá prohibir la concurrencia a espectáculos futbolísticos a toda persona cuando por razonables pautas objetivas y debidamente fundadas considere que pueda generar un riesgo para la seguridad pública".
Es decir que será el Estado el que maneje el derecho de admisión y ya no exclusivamente los clubes de fútbol.
Es muy común en el fútbol argentino que los clubes permitan a los violentos ingresar a los estadios y seguir realizando negocios clandestinos relacionados con la actividad del club y los espectáculos.
En el artículo 12º, además, se determinan penas para quienes se ofrezcan a cuidar vehículos sin autorización (cuidacoches o trapitos).