Se trata de la segunda etapa de la investigación por el pago de sobornos durante el kirchnerismo.


El caso de los cuadernos de las coimas entra en su segunda fase, en la que llamarán a indagatoria a más empresarios y exfuncionarios del kirchnerismo. Además, el juez federal Claudio Bonadio definiría el procesamiento de los acusados, entre los que se encuentra la expresidenta Cristina Kirchner.

“Esta es una primera parte de la investigación: la causa puede llegar a cualquier parte porque hay pruebas importantes”, había explicado el fiscal Carlos Stornelli en declaraciones a TN

Con respecto a las citaciones, declararían ejecutivos de la construcción, el transporte y las concesionarias viales. Asimismo, no descartan una ola de detenciones, tal como ocurrió en la primera parte de la investigación.

Entre todos los testimonios ante la Justicia se resalta el de Ernesto Clarens, el financista de Néstor Kirchner, quien reconoció que recibía sobornos por parte de empresarios. También detalló que Daniel Muñoz, el secretario privado del expresidente, era el encargado de retirar los bolsos con dinero para luego entregárselos al exmatrimonio presidencial en su departamento del barrio porteño de Recoleta, ubicado en Uruguay y Juncal.

Además, Clarens entregó una lista de 120 obras que pagaron coimas que él mismo cobraba.

A su vez, la financiera de Clarens -Invernes– es investigada por lavado de activos en el marco de la causa de “la ruta del dinero K”, por la que está detenido Lázaro Báez.

Ernesto Clarens confesó que él cobraba las coimas para dárselas a los Kirchner. (Clarín)

Por otra parte, Carlos Wagner, expresidente de la Cámara de la Construcción, también brindó información valiosa En su declaración, detalló el circuito del pago de sobornos y afirmó que Cristina Kirchner y el exministro de Planificación Julio De Vido estaban al tanto de las irregularidades.

Carlos Wagner.

Por último, Bonadio deberá resolver si acepta a la Oficina Anticorrupción como querellante en la causa. El organismo liderado por Laura Alonso sostuvo que “habría existido un acuerdo de voluntades direccionado a crear y mantener una organización liderada por quienes estaban investidos como los máximos responsables de la administración del país, para que mediante un mecanismo ordenado, sistemático, sustentado en el tiempo fluyeran pagos de dinero, que se sabían corruptos”.  




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