Entre otras cosas, piden declarar la emergencia social, alimentaria, tarifaria, productiva y en seguridad. El detalle.


Ya circula el documento que elaboraron los intendentes del país agrupados en la Federación Argentina de Municipios (FAM) y los dirigentes de la CGT con seis puntos de medidas que le piden al Gobierno.

Bajo el título “Acciones inmediatas para la Unidad nacional y la paz social”, reclaman la declaración de emergencia social, alimentaria y tarifaria, la emergencia productiva, la restitución del Fondo Federal Solidario, critican la desaparición de las carteras de Salud y Trabajo como ministerios y piden la emergencia en seguridad. Además, solicitan la “plena vigencia del Estado de derecho” y “cesar con las condenas mediáticas”.

La CGT y los intendentes, unidos contra el Gobierno. (Diego Díaz)

“Frente a la gravedad de la crisis provocada por las medidas del Gobierno Nacional, tales como la brutal devaluación de la moneda, de los salarios y de los ingresos de los sectores populares; los altísimos niveles de inflación que ya producen desabastecimiento de productos de consumo popular e insumos para la adecuada prestación de servicios esenciales y para el mantenimiento de la actividad productiva e industrial, los Intendentes y la Confederación General del Trabajo proponemos que se declare la Emergencia Económica y Social y se pongan en marcha acciones inmediatas que contribuyan a la unidad nacional y la paz social”, comienza el escrito firmado el último jueves en la sede de la CGT ubicada en la calle Azopardo.

En principio, solicitan la “Emergencia social alimentaria, sanitaria y tarifaria”. Exigen que se implementen urgentemente políticas que aseguren el acceso a los alimentos, a los medicamentos y a los servicios de los hospitales públicos. Que se ponga en marcha una amplia Red Nacional de Solidaridad en la que participen Nación, Provincias y Municipios y los distintos actores de la comunidad, como Iglesias y organizaciones políticas, sociales o sindicales.

Por otra parte, buscan que se retrotraigan las tarifas de los servicios públicos a los valores del 1° de diciembre de 2017, y que las actualizaciones futuras se hagan según el índice salarial, “terminando definitivamente con la dolarización de las tarifas y del precio de los combustibles”.

También piden que se “revierta de inmediato la decisión de degradar los ministerios de Salud y de Trabajo” y “la declaración de la emergencia económica, productiva y laboral”.

En este sentido, buscan frenar la importación, que la exportación industrial con valor agregado tenga menos impuestos que las de productos primarios y que se establezcan “medidas urgentes para salvaguardar el empleo”.

En cuanto a la “emergencia educativa”, es solicitada para impulsar “acciones efectivas” que permitan el “inmediato regreso a clase a edificios que garanticen su seguridad y la de los trabajadores de la educación”.

Otro de los puntos hace hincapié en la declaración de la emergencia en seguridad y el documento cierra con el reclamo por la “plena vigencia del Estado de Derecho y de la Constitución”. Quieren “garantizar una verdadera división de los poderes”, la “independencia de los jueces”, y “cesar con las condenas mediáticas de dirigentes políticos, sociales y sindicales”.




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