El juez federal Julián Ercolini procesó a nueve ex autoridades de ENARSA por el delito de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública. Asimismo, el magistrado ordenó trabar embargos sobre los bienes de los imputados hasta cubrir la suma de $1 millón.
Según publica Infobae, los procesados son Claudio Miguel Fernández, Exequiel Espinosa, Raúl Alberto Argañaraz, Ernesto Gabriel Mazzola, Juan Carlos Teso, Marcela Alejandra Tagle, Rodrigo Maximiliano Palacios, Paula Gabriela Merlo y Juan Fernando Giovachini.
La causa se inició por una denuncia de la Oficina Anticorrupción en noviembre de 2012. Según la presentación, el área de Logística y Comercialización de Combustibles contrató a la empresa P&D Control Group SRL para el control de combustibles. La firma era propiedad de uno de los imputados y funcionario de ENARSA en ese momento, Claudio Miguel Fernández, y de su esposa Paula Gabriela Merlo. Este ex empleado de la compañía adjudicaba a su propia empresa los trabajos de inspección en las plantas de Campana y de Dock Sud.
Según la denuncia, el fraude se completaba con el pago de "honorarios" a la ingeniera Tagle y a Rodrigo Palacios, otro ex funcionario, para que le aseguraran la exclusividad de las contrataciones de ENARSA a P&D.
El juez Ercolini señaló en su resolución que quedó acreditada en la causa la participación de los imputados en la maniobra irregular por la cual en marzo de 2012 se le adjudicó arbitrariamente a P&D un contrato de prestación de servicios por un monto de $1,8 millones. "Los funcionarios involucrados conocieron todos y cada uno de los elementos del tipo objetivo, sabían el lugar que ocupaban y que con su accionar, que resultaba violatorio de los deberes a su cargo, perjudicarían los intereses de ENARSA, conducta que llevaron a cabo con el fin de procurarle un lucro indebido a P&D Control Group S.R.L.", agregó.