Sus allegados se quejaron por la falta de avances en la investigación, y criticaron al juez Gabriel Ghirlanda.


A más de un mes de la muerte de la periodista Débora Pérez Volpin, su familia denuncia que la causa está “paralizada” por la falta de avances en la investigación, y el abogado querellante Diego Pirota insistió en que se llame a declarar como testigos a 21 empleados del sanatorio La Trinidad.

Entre estos se encuentran la jefa, la subjefa, la técnica anestesista del quirófano de la clínica, y cinco instrumentadoras que estaban en el lugar y que asistieron a las maniobras de reanimación de la periodista.

La familia de la conductora está convencida de que su muerte fue por una causa vinculada al estudio y el abogado apuntó como responsable a la anestesista Nélida de la Puente. Pirota afirmó que la médica “no eligió el mecanismo aconsejado de reanimación, al momento de desatarse la crisis”.

Asimismo, los allegados a Pérez Volpin están disconformes con el juez que lleva la causa, Gabriel Ghirlanda, quien rechazó algunas medidas de prueba, como el análisis de los teléfonos de los médicos. Según afirmaron, los investigados podrían haber intercambiado mensajes entre sí o con terceros con información importante para el caso.

Por otra parte, luego de que los resultados preliminares de la autopsia indicaran que el cuerpo presentaba lesiones en el esófago y el estómago que habrían sido causadas por el endoscopio, la querella sostuvo que no está segura de que el dispositivo entregado por la clínica sea el mismo que se usó en el estudio.

La causa fue caratulada como “homicidio culposo” y se esperan los resultados de los estudios microscópicos para confirmar la antigüedad de las lesiones, según informa TN.




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