Cuando falta una semana para la marcha del 21 de febrero que encabeza el sindicato de Camioneros, desde el Gobierno ordenaron dar inicio a una serie de auditorías en 80 sindicatos, incluido el gremio liderado por Hugo Moyano. De esta forma, el Ministerio de Trabajo, que está al frente de la medida, solicitó los balances y transferencias del gremio a la obra social.
Desde en ministerio intimaron a Camioneros por la falta de datos suministrados para revisar las memorias, balances y movimientos de fondos con la obra social, que son las dependencias que reciben el grueso de los fondos de los gremios. A pesar de que, en el caso de este gremio la dependencia tiene un fuerte rojo, por lo que la diputada de Cambiemos Graciela Ocaña pidió su intervención, en una ampliación de una denuncia a Moyano.
Además de Camioneros la medida incluye a otros 79 gremios, entre los que se encuentran docentes y bancarios, enfrentados por el Gobierno por las fuertes diferencias en lo que se anticipa serán paritarias calientes. Según publicó Clarín, desde el Gobierno descartan que se trate de una "persecución" a las asociaciones y aseguran que se trata de darle mayor transparencia a los sindicatos y de poner en regla a aquellos que no lo están.
La auditoría incluye la memoria y balances contables, cruces de información con la AFIP, listado de afiliados y especialmente el análisis de los movimientos de fondos entre las obras sociales y los sindicatos. Las sanciones por no cumplir con los requerimientos van desde penalidades económicas hasta la suspensión y la pérdida de la personería.
En los casos en los que se detecten anomalías intervendrán otros organismos, como la AFIP o Unidad de Información Financiera (UIF), que ya presentó en la Justicia reportes de operaciones sospechosas entre el Camioneros, OCA (vinculada a Moyano) y empresas manejadas por su familia, como su esposa Liliana Zulet.