Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica-ARI, anticipó que denunciará la "remoción encubierta" de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, tras el rechazo del Senado de convalidar el traslado de esos magistrados al Tribunal Oral Federal en Comodoro Py. "Lo que sucede hoy en la Argentina es una provocación institucional inusitada", escribió en un comunicado que publicó en redes sociales.
"No vamos a contestar a la violencia institucional, solo lo haremos con actos ajustados al estado de derecho como esta presentación y las que venimos haciendo en sede judicial. Allí y en otros organismos los diputados de la Coalición Cívica estamos informando cada apartamiento del orden institucional y constitucional que se provoca en nuestro país", dice el texto.
El miércoles, el Senado rechazó el traslado de los jueces que había dispuesto por decreto el expresidente Mauricio Macri, "Hay que defender al Poder Judicial porque está en riesgo su independencia y, en definitiva, el estado de derecho. Esta defensa se hace desde la no violencia, por eso hacemos un llamado a la paz y no queremos la radicalización porque le es funcional al poder y a la Vicepresidenta de la Nación", continúa el escrito.
Lo sucedido en la Cámara alta y la posterior oficialización por decreto del presidente Alberto Fernández se trata, según el texto, de una "maniobra manifiestamente ilegal de desplazamiento de dichos magistrados desplegada por el Poder Ejecutivo Nacional, la Vicepresidenta de la Nación y un conjunto de senadores pertenecientes al partido de Gobierno".
"Solicitamos que también se evalúe la conducta del Presidente de la Nación por la violación el artículo 109 de la Constitución Nacional. Alberto Fernández no puede desconocer que el Presidente de la Nación no puede ejercer funciones judiciales y lo hizo", alertaron y agregaron que "los traslados de los jueces, por ser un acto jurídico complejo, solo pueden ser revisados por la Justicia".
Además señalaron que "es de público conocimiento que el tema está pendiente de resolución por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a instancia de los magistrados que han sido removidos" y que por lo tanto el Poder Ejecutivo y el Legislativo no debían haber tomado intervención.
"Es evidente que el apuro de la Vicepresidenta, y ahora del Presidente de la Nación, obedece a consumar un acto adjudicándose facultades judiciales, antes de que resuelva el tribunal supremo. Esperamos que la Corte reaccione, restituya el Estado de Derecho y traiga la paz y cordura", cierra.
