Se publicó en medios locales de Salta (ver acá y acá) y nacionales (ver acá, acá y acá) la noticia de que al menos 52 funcionarios salteños solicitaron el pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), pese a que ello no está previsto en la normativa nacional vigente. El IFE es "una prestación monetaria no contributiva de carácter excepcional" de 10 mil pesos que "se creó para compensar la pérdida o disminución de ingresos de personas afectadas por la emergencia declarada por la pandemia de coronavirus". Sus beneficiarios son: personas desocupadas, personas que trabajan en la economía informal, personas inscriptas en las categorías A o B del monotributo, monotributistas sociales, trabajadores de casas particulares y personas que cobran Asignación Universal por Hijo o Asignación por Embarazo para Protección Social.
La investigación la iniciaron dos periodistas de esa provincia cruzando datos públicos del Tribunal Electoral de Salta con datos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y ahora está en manos de la Justicia federal: se investiga a los funcionarios -concejales, un intendente y un diputado- por fraude contra la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Todos pertenecen a distintos partidos políticos: Partido Justicialista, Frente Salteño, PV (Partido de la Victoria), Kolina, Sáenz Gobernador, Salta Nos Une, Movimiento Libres del Sur, PAIS, MUQ (Movimiento Unido Quebrachaleño), A.De.Co (Agrupación Democrática Comunal) y Olmedo Gobernador.
El 25 de agosto último se llevó a cabo la primera audiencia en la causa, en la que están imputados 19 concejales, precisaron fuentes judiciales. Se realizó de modo virtual y duró cuatro horas. "El juez de Garantías, Dr. Julio Leonardo Bavio, resolvió que se trata de un caso sólido con elevada verosimilitud en las evidencias recolectadas hasta el momento por el Área de Investigación y Litigios de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de Salta a cargo del Fiscal Federal Dr Ricardo Rafael Toranzos y dejó constancia que no se cuestionó el hecho imputado a cada uno de los investigados", explicó a RedDES el auxiliar fiscal Facundo Mirabella.
Los delitos por los que se los juzga son defraudación a la administración pública (previsto en el artículo 174 inc 5 del Código Penal) e incumplimiento de deberes de funcionario público (artículo 248 del Código Penal). El juez trabó un embargo a cada uno de los imputados por la suma de $60.000.
Estos 19 concejales son quienes “solicitaron, se les acreditó y cobraron, en principio” el IFE, según indicó Mirabella. Los imputados de este primer grupo son: Jesús Ernesto Cuellar, Luis Carlos Coronel, Paola Sandra Cantarella, Maria Del Valle Torres, Fernando Leandro Geronimo, Mónica Visitación Juárez, Gabriela Elizabeth Cazón, Franco Marcelo Córdoba, Melisa Mónica González, Luis Alberto Hosel, Marta Beatriz López, Ricardo Alberto Diaz, Nicolasa Maraz, Nancy Valeria Quiroga, Jimena Antonieta Ordóñez, Javier Hector Chauqui, Alexandra Ludmila Borujow, Hector Rogelio Fernández y Ninfa Noemí Rojas.
El concejal Jesús Cuellar, del partido Olmedo Gobernador, publicó sus disculpas en Facebook (ver acá y acá), donde escribió: "Hoy siento la enorme responsabilidad de disculparme por esta mala acción en el que me encuentro pero a todos los que están aprovechando esta situación quiero decirle que se queden tranquilo y voy a hacerme cargo de lo que conlleve esto" (sic).
Otros se defendieron asegurando que hubo "robo de identidad", según consigna esta nota del diario El Tribuno, e incluso dijeron haber radicado denuncias, como el concejal Marcelo Segundo, o la concejala Raquel Gerez, quien aseguró haber denunciado ante el Registro Civil de Salta "hace años" que una mujer de Mendoza tenía su mismo número de DNI. Ninguno de ellos dos están incluidos en esta primera etapa. En las siguientes etapas la Justicia investigará qué ocurrió con quienes solicitaron el IFE, pero por distintas razones no lo cobraron.
El origen de la investigación periodística
"Al menos 52 funcionarios en Salta se inscribieron para la IFE", dijo por primera vez Alexis Miranda el 22 de julio de 2020 en el programa "Sapo de otro pozo" por FM Noticias 88.1 de Salta.
"Sacamos los DNI y los nombres de cada una de estas personas del Tribunal Electoral de Salta, de las últimas elecciones", indicó Agustín Poma, su compañero al aire. Entrando a la ANSES sale si hicieron el pedido o no, quiénes, cómo, si cobraron o no, si les falta la cuenta CBU", agregó.
Miranda y Poma trabajan juntos en la radio e hicieron el cruce de los datos y encontraron que 52 funcionarios salteños solicitaron cobrar el IFE. Luego lo escribieron en los otros dos medios donde trabaja cada uno: BUUFOSalta.com y Salta Entre Líneas, respectivamente. Allí publicaron la captura de pantalla de lo que aparece en la Anses cuando se consulta el estado de un trámite sólo completando nombre y número de documento.
"Anses puso a disposición una página que se llama servicioscorp.anses.gob.ar/IfePrecargas y ahí, poniendo el número de documento, te tira si vos cobraste, si fuiste rechazado. Y si no solicitaste nada te dice con mucha claridad que no hiciste ningún pedido de nada", explicó a RedDES el periodista Poma.
"Entramos a electoralsalta.gob.ar/elecciones/proclamacion2019. Ahí teníamos todos los que ganaron en la última elección en 2019 en la provincia de Salta. De ahí sacamos los datos: figura nombre completo, DNI y partido político al que corresponden", añadió Poma. "Esto es transversal, atraviesa a todos los partidos políticos", precisó.
El caso por el que fueron a buscar estos datos fue el del concejal del municipio de Guachipas, Héctor Cari, del Frente Salta Tiene Futuro, aliado al gobernador Gustavo Sáenz. Eso ya se había publicado en el diario El Tribuno, pero Miranda se hizo la pregunta que disparó el hallazgo de que no era el único: "¿pasará eso también con otros funcionarios?"
"Después de eso me puse a rastrear a los concejales de mi zona, soy del interior, donde también me encontré con casos. Dijimos con Agustín: si pasó en mi zona y pasó con Cari, por qué no va a pasar con el resto de los municipios", indicó Miranda a RedDES.
La investigación judicial
La primera en iniciar la investigación judicial fue la fiscal Verónica Simesen de Bielke, quien, de oficio, abrió una causa para investigar a Cari, concejal de Guachipas, una localidad a 93 km al sur de la capital provincial.
"Fue a raíz de una noticia periodística del diario El Tribuno donde se informó que vecinos de la localidad de Guachipas se habían manifestado molestos porque vieron al concejal Cari, de la localidad, que se había presentado a cobrar el IFE en el mes de mayo. A raíz de eso iniciamos la investigación. Efectivamente cobró el IFE. Después puso a disposición el dinero. A partir de ahí se lo imputó y se requirió juicio", explicó la fiscal a RedDES.
“Luego apareció este nuevo informe donde también está mencionado él, así que dispusimos la incompetencia y pasó todo al federal”, advirtió Simesen de Bielke.
Ahora la causa está en manos de la Unidad Fiscal Federal de Salta, a cargo del fiscal Toranzos, y las audiencias están en curso.
Esta nota fue producida por Rosario Marina para la Red Federal contra la Desinformación (RedDES), una red colaborativa federal de medios creada para producir y difundir verificaciones de rumores y contenidos falsos sobre coronavirus que están circulando a través de las redes sociales. Las vías de contacto son: por mail a redfederal@chequeado.com y /Chequeado en todas las redes. Si te llegó información sospechosa por WhatsApp podés enviarla al 11.3679.0690 para su verificación.
