La reglamentación se publicó este jueves en el Boletín Oficial, a través de la Resolución 223/2020 del Ministerio de Economía.


El Gobierno nacional definió cómo distribuirá un fondo de 60.000 millones de pesos entre las provincias, que se llevará a cabo según las necesidades financieras específicas de cada una, el nivel de pobreza que poseen y el impacto que sufrieron en materia económica y sanitaria por el coronavirus.

A su vez, anunciaron que se refinanciarán préstamos y deudas que las administraciones locales mantienen con Nación.

La reglamentación se publicó este jueves en el Boletín Oficial, a través de la Resolución 223/2020 del Ministerio de Economía.

El “Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial” se basa en un monto de 120.000 millones de pesos: 60.000 millones provenientes del Tesoro Nacional y otros 60 disponibles para el otorgamiento de préstamos a las jurisdicciones. Justamente, Economía reglamentó cómo se distribuirá este último monto entre las provincias.

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Un 20 por ciento se asignará de acuerdo al índice de población con Necesidades Básicas Insatisfechas (del INDEC) que tenga cada provincia. Es decir, aquellas que tengan un nivel relativo de atraso en las condiciones de vida.

Otro 20 por ciento estará conformado, a su vez, en un 50 por ciento con base en la tasa de informalidad y cuentapropistas respecto de los ocupados totales; y el otro 50 por ciento según la estadística de infectados por coronavirus cada 100.000 habitantes.

El 60 por ciento restante del monto se distribuirá de acuerdo a las necesidades reales de financiamiento de las provincias que sufran necesidades financieras.

El préstamo será devuelto en 36 cuotas mensuales, a partir de enero de 2021, con una tasa del 0,10 por ciento nominal anual, que se calculará sobre el capital ajustado por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).

En tanto, las provincias tendrán como requisito implementar una política salarial acorde a sus recursos en 2020 y el compromiso de no emitir cuasimonedas.

Por otra parte, se habilitó la refinanciación “en forma parcial o total” de las deudas que mantienen las provincias al 31 de marzo en el Programa de Convergencia Fiscal, el de Regularización del Sector Eléctrico (de 2018) y en los Convenios Bilaterales.

A su vez, las provincias tendrán la posibilidad de solicitar la reprogramación de las deudas que tienen con el Gobierno por el Programa Federal de Desendeudamiento (de 2010) y por los Programas de Asistencia Financiera (de 2015 y 2016), del saldo de la reprogramación de deudas según la resolución 501/2018 y de la Reprogramación de los Servicios 2017 del Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas.




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