La flamante interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Camaño, le pedirá al Poder Judicial que limite al mínimo indispensable el pedido de colaboración de los espías para el trámite de las diversas causas por delitos nacionales.
Estas decisiones están en el marco de las facultades extraordinarias que decidió darle el presidente Alberto Fernández a Camaño para que "depure" el accionar de una de las instituciones más polémicas del Estado nacional.
En este mismo sentido, próximamente se conocerán detalles de la decisión oficial de eliminar los fondos reservados de la AFI y de todo el sistema de inteligencia nacional que incluye a las fuerza federales que dependen del Ministerio de Seguridad y del Ministerio de Defensa, según señalaron fuentes oficiales consultadas por VíaPaís.
En el Gobierno tienen la convicción de que los espías fueron utilizados en los últimos años por la gestión macrista para el "armado" de algunas causas contra ex funcionarios kirchneristas y para "plantar" pruebas que dieran lugar al dictado de prisiones preventivas por parte de los jueces federales.
Al arrancar la semana, el lunes Fernández recibió a referentes de organismos de Derechos Humanos, encabezados por las presidentes de Abuelas de Plaza de Mayo y Madres Línea Fundadora, Estela de Carlotto y "Taty" Almedia. Allí el Presidente insistió con su idea de que en el país no hay "presos políticos" sino "detenciones arbitrarias" para las que los espías colaboraron.
Cambios
Este miércoles se publicará en el Boletín Oficial nacional una resolución en la que Camaño establece que los medios técnicos y humanos de la AFI se abocarán desde ahora en adelante al “estricto cumplimiento” de las funciones primordiales para los que fueron contratados.
Es decir, los espías tendrán que abocarse a la producción de inteligencia nacional e inteligencia criminal referida a los delitos de terrorismo, federales complejos, y contra los poderes públicos y el orden constitucional. Estas funciones están establecidas en las leyes 25.520 y 27.126.
En sintonía con esa decisión, la ex presidente de la agrupación Justicia Legítima decidió disponer la reducción “al mínimo” de los casos posibles el ejercicio de las funciones de investigación criminal de la AFI y, en consecuencia, su participación como auxiliar de la Justicia, ciñéndose exclusivamente a las materias propias del organismo establecidas por ley.
La AFI comunicará a jueces y fiscales con competencia penal de todas las jurisdicciones del país lo resuelto a través de esta Resolución que, según precisaron fuentes oficiales a este diario, será publicada este miércoles en el Boletín Oficial.
La comunicación al Poder Judicial será para que los funcionarios judiciales apliquen de forma restrictiva la facultad de requerir intervención de la AFI en actividades de investigación criminal en el marco de las causas sometidas a su jurisdicción, las que resultan además propias de otros organismos estatales, según la legislación vigente.
Por estos motivos, el Gobierno nacional pondrá en conocimiento de la decisión a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a la Procuración General.