Leandro Boyer
La victoria en las elecciones presidenciales de Alberto Fernández supone un giro de 180 grados en el rumbo de la política económica que rigió durante el gobierno de Mauricio Macri y una serie de acciones urgentes para tratar de superar los efectos más dramáticos de la recesión que todavía no muestra su final.
"La Argentina va a andar bien y recompondrá la marcha", salió a prometer el electo mandatario apenas culminó el proceso electoral. Así dejó en claro que el mayor desafío de su gestión al frente de la Casa Rosada es el que impone la contingencia de actividad, consumo y comercio exterior.
Es que la máxima prioridad ya no será el ataque frontal contra la inflación sino impulsar un paquete de medidas que permitan reactivar el mercado interno y resolver el gran conflicto del cierre del financiamiento que dejó en jaque a la Argentina a partir de las elecciones primarias y con el reperfilamiento de la deuda de corto, mediano y largo plazo.
Y el referente del Frente de Todos se encargó durante la campaña de anticipar parcialmente cuáles serán sus estrategias para completar esas dos misiones. También, casi obligado, salió a marcar sus diferencias los esquemas económicos que se aplicaron durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, quien lo secundará en el Gobierno nacional.
"Yo soy pragmático, no hay una regla para resolver los problemas de nuestras economías. Hay momentos para ser liberal y otros para ser más keynesiano", repitió Fernández cada vez que le plantearon temores sobre esa convivencia.
Pero el camino para completar esos objetivos está repleto de escollos porque la fragilidad instalada extremó la inestabilidad en los múltiples equilibrios que demanda la macroeconomía. La primera válvula de escape de esa presión es el dólar, que desde el cimbronazo posterior a las primarias saltó $18,46, se posicionó sobre un máximo de $65 aún con un esquema de controles cambiarios, y agravó la sangría de las reservas que caen a un ritmo diario superior a los U$S400 millones.
Puertas adentro, para cumplir con su promesa de "poner en marcha" al país, Alberto Fernández apela a sellar un pacto social con empresarios, sindicalistas, referentes religiosos y sociales, que se traduzca en una recomposición del poder adquisitivo.
Para el presidente electo, el consumo interno es el primer motor que se debe encender y aclaró que lo hará aunque demande medidas contrarias a los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para estabilizar las cuentas públicas y complique así la negociación que deberá iniciar con el organismo multilateral de crédito.
La posibilidad que contemplan equipos económicos del electo Presidente es retornar a un esquema en el que el Banco Central emita para financiar las necesidades del Tesoro, por lo menos, para moverse en esa sábana corta de recursos hasta conseguir dólares genuinos a través de las exportaciones, fundamentalmente de campo y de Vaca Muerta.
Las mayores certezas tienen que ver con la continuidad de algunas medidas urgentes que adoptó el propio Macri como el cepo cambiario y las retenciones sobre los sectores agroexportadores. Además, el mandatario electo adelantó que desdolarizará las tarifas para aliviar el bolsillo de los contribuyentes.
Fernández también confía en que ese pacto social sirva de contención para la carrera de los precios, en la que existen varios elementos que deben resolverse en el corto plazo, como los postergados aumentos de los servicios públicos.
Por lo pronto, esos planes para dejar atrás la recesión suponen conflictos para el otro gran obstáculo: la negociación con los tenedores de deuda para postergar los vencimientos previstos entre 2020 y 2023 deberá contemplar una marcha ordenada de las cuentas públicas si se pretende, como dijo Fernández, avanzar con un corrimiento de los compromisos sin quita.
Y aunque asumirá el próximo 10 de diciembre, el electo presidente deberá hacer uso de sus ponderadas habilidades para acercar posiciones y lograr involucrar a Mauricio Macri con sus necesidades.
El gobierno saliente todavía tiene las herramientas para evitar un descalabro en la transición que agrave más las urgencias y la llave de las conversaciones con el FMI, que se negó a liberar los próximos desembolsos hasta no conocer el detalle del rumbo que emprenderá el país a partir del viraje político (para este año restan los demorados U$S5.700 millones y otra partida de alrededor de 1.000 millones).