Redacción Vía Santa Fe
La Justicia provincial hizo lugar a un recurso de amparo para archivar el proceso en la Legislatura de Santa Fe sobre denuncias contra Marcelo Sain. A pesar de la resolución, este jueves se mantenía la convocatoria a una sesión en la Legislatura que incluye el pedido de suspensión del ex ministro de Seguridad.
La semana pasada, la comisión bicameral de Acuerdos de la Legislatura resolvió someter a votación un dictamen para que el director del Organismo de Investigaciones (OI) cese en sus funciones preventivamente por 180 días. El funcionario respondió con una presentación ante el fuero laboral de Rosario.
El día antes de la votación en la Legislatura, la jueza Paula Calace Vigo ordenó “dejar sin efecto y archivar” el trámite para la suspensión del criminólogo. Sin embargo, la convocatoria para diputados y senadores seguía en pie luego que se hiciera pública la decisión.
La sanción propuesta para Sain de manera provisoria incluye la retención del 50% su salario. La medida fue impulsada a raíz de la denuncia de un fiscal regional y 27 legisladoras que lo acusaron de cometer “faltas graves” por su desempeño anterior como ministro de Seguridad.
El director del OI asumió su cargo actual por concurso a fines de 2018 en el Ministerio Público de la Acusación (MPA). Un año más tarde pidió licencia para trabajar en el Ejecutivo provincial y en este año renunció, por lo que se reincorporó el 31 de marzo.
Tras la salida del funcionario del Gobierno de Santa Fe, el fiscal regional Carlos Arietti y 27 diputados presentaron cargos en su contra por presuntas irregularidades en una licitación de compra de armas. También aludieron al hacinamiento en las cárceles provinciales, su conducta “infamante y difamatoria” por dichos en audios privados de Whatsapp e investigaciones penales preparatorias que lo tendrían como investigado.
Además, la Legislatura provincial -con varios de cuyos integrantes Sain mantuvo como ministro una fuerte disputa-, sancionó una norma de incompatibilidades para ejercer el cargo de director de la OI, entre las que incorporó la de no haber sido funcionario del Poder Ejecutivo en los dos años anteriores.
Batalla política y judicial
A la hora de pedir que se archivara el proceso, el director del OI expuso que la ley de incompatibilidades no es aplicable a su caso porque fue sancionada tras obtener ese cargo. Además señaló que las acusaciones en su contra fueron por su desempeño como ministro, en un poder diferente a su puesto en el MPA.
Al correr vista del amparo a la provincia, que es la demandada, el gobernador Omar Perotti instruyó a la Fiscalía de Estado para que se allane al planteo de Sain.
Consideró que “el procedimiento disciplinario iniciado al actor y que tramita ante la Honorable Cámara Legislativa afecta derechos protegidos por el ordenamiento jurídico y que el juzgamiento disciplinario a un funcionario público por hechos cometidos en el ejercicio de una función política, y en uso de licencia en el organismo de origen, afectan derechos subjetivos tutelados por el ordenamiento jurídico”.
Además, recuerda que tras su renuncia al Ministerio de Seguridad la Legislatura recibió un pedido de juicio político a Sain por las mismas causas, que fue archivado pues no puede removerse a un funcionario que ya dimitió a su cargo. El fiscal de Estado entendió que no puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos, atento a que ya fueron analizados en el fallido juicio político.