Diego Proietti, abogado especialista en Defensa del Consumidor: "Se puede renovar el registro de conducir sin pagar las multas adeudadas"

El momento de actualizar la licencia de conducir suele convertirse en un dolor de cabeza administrativo para miles de automovilistas cuando las dependencias comunales bloquean el trámite exigiendo la cancelación previa de infracciones impagas. Esta práctica habitual, incorporada como un requisito obligatorio de ventanilla en casi todo el territorio argentino, coloca al vecino frente a la encrucijada de desembolsar sumas exorbitantes o resignar su derecho a circular. Sin embargo, detrás de esta exigencia recaudatoria existe una controversia jurídica de fondo que desarticula la obligatoriedad del libre deuda, habilitando a los conductores a defender sus derechos ciudadanos frente al Estado local.

La ilegitimidad de esta traba burocrática descansa directamente sobre el marco normativo superior que regula el tránsito en todo el país. Al respecto, el abogado especialista en Defensa del Consumidor Diego Proietti fue categórico al desmitificar la supuesta validez de este bloqueo administrativo: “La Ley Nacional de Tránsito no exige en ningún lado que vos pagues las multas para renovar o sacar el registro”. Desde la perspectiva legal, los municipios se extralimitan al imponer condicionamientos pecuniarios que no están contemplados en la ley de fondo, transformando una evaluación de aptitud psicofísica y vial en un instrumento coercitivo de cobranza fiscal.

El origen de esta imposición responde estrictamente a la necesidad financiera de las intendencias, que utilizan la retención del carnet como mecanismo de presión extorsiva. En este sentido, Proietti explicó con crudeza la raíz del conflicto de intereses en las comunas: “Eso es un invento de todos los municipios, obviamente para recaudar”. Al atar la habilitación para conducir al pago inmediato de actas, los entes municipales vulneran el derecho constitucional al debido proceso y a trabajar o transitar libremente sin trabas arbitrarias.

No obstante, ejercer este reclamo no implica que el automovilista quede eximido de sus responsabilidades civiles o contravencionales. El letrado aclaró que plantear la disconformidad ante la ventanilla no anula la existencia de las penalidades económicas existentes: “Vos tenés derecho a negarte; lo que no significa que te vayan a perdonar la multa, porque son dos cosas por separado”. La deuda administrativa subsiste por cuerda separada y el municipio conserva sus facultades de cobro por la vía judicial ordinaria, pero bajo ninguna circunstancia puede utilizar la retención del carnet como prenda de cambio forzosa.

Vía recursiva y plazos: la intervención legal mediante recurso de amparo

Cuando la mesa de entradas comunal persiste en su negativa de continuar el proceso administrativo, la vía judicial se convierte en el único camino expedito para salvaguardar la licencia del titular. Frente a la cerrazón burocrática, Proietti detalló la hoja de ruta práctica a seguir: “Desde ya que si en mesa de entrada te dicen que tenés que pagar o si no, no continúan con el trámite, vos ahí te contactas con un abogado y en dos o tres días te sale un amparo para que puedas renovar el registro sin pagar ningún tipo de multa”. Esta medida cautelar obliga al municipio a expedir el documento de inmediato.

La celeridad de los tribunales al conceder estos amparos se fundamenta en jurisprudencia consolidada que califica el requisito de libre deuda como una sanción anómala y desproporcionada. La idoneidad de un ciudadano para estar al volante responde exclusivamente a sus condiciones médicas, psicofísicas y a su conocimiento de las normas viales, factores que no guardan relación con sus obligaciones tributarias o contravencionales pendientes. Desvincular ambos aspectos protege el principio de legalidad e impide que los municipios utilicen el poder de policía de forma abusiva.

Conocer los límites legales que regulan la emisión de la licencia de conducir resulta indispensable para evitar atropellos económicos normalizados por la costumbre comunal. Exigir la continuidad del trámite por la vía formal o recurrir al amparo judicial desactiva un cerrojo meramente recaudatorio, garantizando que el derecho a transitar libremente prevalezca sobre las urgencias de caja de las administraciones municipales.