Francisco Austral
Este 1° de junio los habitantes de la provincia más austral de la Argentina conmemoramos los 30 años de la jura de nuestra Constitución Provincial. Sin embargo, la instantánea de aquella histórica ceremonia que nos legó las memorables imágenes de doña Elena Rubio de Mingorance y los Convencionales Constituyentes junto a una multitud fervorosa en el Gimnasio Hugo Ítalo Favale (actual cancha 4), sería el final de un arduo e intenso camino iniciado allá por los años cincuenta, cuando el naciente sueño por convertirnos en una provincia debería atravesar aún las aguas de una tormentosa vida política argentina que se abría a partir de la segunda mitad de siglo.
Precursora de los acalorados discursos que se darían en el Parlamento treinta años después, doña Esther Fadul de Sobrino presentó en 1954 el primer proyecto formal de provincialización para Tierra del Fuego, logrando que su impulso fuera coronado con la sanción de la Ley 14408 de 1955 que otorgaba la condición de “provincia” a la entidad política conformada de manera conjunta por los territorios de la Tierra del Fuego y de Santa Cruz. Aquel primer gran paso terminaría por definir con el nombre de “Provincia de la Patagonia” a la región unificada de fueguinos y santacruceños.
El destino de la Nación tendría reservada una larga pausa al sueño de la provincialización. En septiembre de 1955 la “Revolución Libertadora” derrocaría al gobierno de Juan Domingo Perón y, más allá de las crisis y reacomodamientos a partir del gobierno de facto, el golpe político inmediato a la Ley 14408 implicaría un retroceso para el proyecto fueguino. La provincia “Patagonia” dejaría de incluir a la Tierra del Fuego. Poco tiempo después reintegrarían a la futura provincia a la condición que gozaba previamente como territorio nacional.
Pasarían casi tres décadas para que el proyecto fuera rescatado y volviera a ser tratado en la esfera más alta de decisiones del país, esta vez partiendo del proyecto del diputado Carlos Martín Torres en 1984 y con el impulso del presidente Raúl Alfonsín. El primer mandatario había visitado el territorio fueguino asumiendo el compromiso de impulsar la provincialización, hecho que se concretaría con el ingreso al parlamento del proyecto en 1986, pero con una consecuente controversia generada a raíz de la exclusión, en el proyecto presidencial de provincialización, de los territorios antárticos y de las Islas del Atlántico Sur.
Más allá de los sendos proyectos presentados por los diputados fueguinos y el del Poder Ejecutivo que se ingresaría a Diputados, lo cierto es que, en el caso de los más benevolentes para con la posición del radicalismo, la joven democracia de Alfonsín, las presiones internacionales de un mundo considerablemente más complejo que el de los años ´50 y el temor a los posibles “roces” con las potencias Occidentales a raíz de una Guerra de Malvinas cuyo calor aún se percibía, serían factores que justificarían aquella primera posición de algunos sectores que no deseaban incluir como parte de la futura provincia al Sector Antártico y las Islas del Atlántico Sur hasta tanto se recuperara la soberanía efectiva sobre dichos territorios.
Debido a estos pasos y reveses en el tratamiento de la idea de provincialización fueguina, se produciría en el Parlamento Nacional entre 1986 y 1988 el debate “provincia grande” vs “provincia chica”, en favor de la integración a la provincia de los territorios antártico e islas del Atlántico Sur o de su exclusión de la misma, respectivamente.
Finalmente, el 26 de abril de 1990 se sancionaría la Ley 23775 que convertiría en provincia el antiguo Territorio Nacional de Tierra del Fuego con las modificaciones al proyecto original, incorporando a la que a partir de entonces se convertiría en la provincia más grande del país, los territorios de la Antártida Argentina entre los meridianos 25°O y 74° O y el paralelo 60° S y las Islas del Atlántico Sur.
Éramos, a partir de entonces, la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, pero faltaría aún el cuerpo normativo que diera forma de manera completa e integral al nuevo status institucional. Ésa sería la responsabilidad de los diecinueve Convencionales Constituyentes que un año después de la sanción de la 23775 redactarían la Constitución Provincial fueguina que entraría en vigencia el 28 de mayo de 1991 y sería jurada el 1 de junio del mismo año.
Es por ello que, entendiendo el mundo complejo donde grandes potencias rodean y amenazan permanentemente las principales fuentes de recursos y energía alrededor del planeta, celebrar hoy los 30 años de aquella jura de los Convencionales presididos por “doña Elena”, es reafirmar una vez más no sólo el largo y difícil camino iniciado en 1954 para alcanzar el status de provincia en 1990 y darnos una Constitución en 1991, sino que se trata de entender que aquellos precursores, diputados y senadores nacionales, convencionales constituyentes y el pueblo fueguino que acompañó permanentemente, nos dieron, tal vez sin sospecharlo, el elemento más valioso para seguir reclamando nuestros derechos soberanos sobre la porción de provincia ocupada militarmente por el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
Esta reclamación que hoy hacemos, como provincia, se ha constituido en un baluarte de la defensa nacional de nuestra soberanía, proyectando desde dentro de nuestros límites provinciales el deber y derecho de una presencia permanente sobre los territorios ocupados y amenazados. Sea ese, nuestro impulso a consolidar las instituciones fueguinas y honrar el largo e intenso camino que nos convirtió en provincia.
Nota: Eric Torrado.