Leonardo González
La Justicia de Tierra del Fuego realizó en Ushuaia tres allanamientos en relación con la causa judicial donde se investiga "estafas de viviendas" de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).
Los procedimientos judiciales fueron ordenados por el Juez de Instrucción, Dr. Javier De Gamas Soler, y tuvieron lugar el pasado viernes, aunque los detalles del operativo trascendieron recién este jueves.
Efectivos de la División Delitos Complejos de la Policía Provincial ingresaron al interior de dos domicilios particulares y a la sede de ATE ubicada en la intersección de las calles Kuanip y Karukinká.
Sobre las medidas en las casas de particulares no trascendieron demasiados detalles, aunque sí que en uno de los casos se trata de una persona que habría puesto dinero para la adquisición de la vivienda en el complejo de ATE en Barrancas del Río Pipo (a pesar de no ser ni empleado público, ni afiliado al gremio estatal), y al igual que las demás situaciones que se investigan, nunca habría recibido el inmueble.
Sin embargo, el allanamiento principal fue el que se realizó en la sede de ATE, donde la Justicia dispuso el secuestro de decenas de documentos y computadoras en los que puede haber registros de la presunta maniobra ilícita.
Al parecer, al comienzo de la causa, que se gestó por una denuncia del propio Secretario General de ATE, Carlos Córdoba, los investigadores ya les habían requerido a las autoridades del sindicato que presentaran la documentación con que contaran. Pero al recibir solo información parcial, el Juez decidió allanar la sede sindical en busca de toda la prueba disponible.
Este dato es importante porque, si bien no se conocen pormenores, marcaría un giro en las actuaciones, y la convicción de los investigadores de cerrar el círculo sobre toda la cúpula gremial, y no solo sobre los dirigentes Miguel Arana y Daniel Belbey, mencionados en la denuncia original.
Se sospecha que el gremio se "reservó" una cantidad de esas casas (se cree que 26 de las 128) para "comercializarlas" a terceros, con la expectativa de que esas personas (previo un pago de dinero) pudiesen ser incorporadas al listado de adjudicatarios que el gremio debía informar al IPV.
Al parecer, el organismo se negó a incluir a esos terceros y muchos de los que habían puesto sumas de hasta $700 u $800 mil, o dado vehículos en parte de pago, comenzaron a reclamar y a considerarse víctimas de una estafa.
Tras la denuncia, Arana fue salvajemente golpeado el pasado 25 de mayo en la puerta de su domicilio, en la calle Tolhuin al 200, debieron hospitalizarlo, estuvo en coma varios días y hace poco fue dado de alta.
En tanto Belbey se suicidó ahorcándose en las tribunas de la cancha de fútbol exterior del Polideportivo Municipal, el pasado 1 de junio.